Columna en El Mercurio: Cierre de universidades, ¿siempre un mal signo?

• 26 de Noviembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El anuncio de la crisis financiera de una universidad -que probablemente deberá cerrar-, ha vuelto a remecer el ambiente en educación superior. Según los antecedentes disponibles, se trata de una organización con una gestión inestable y errática que no logró atraer suficientes estudiantes y el financiamiento público y privado que los acompaña. Consecuentemente perdió su acreditación, agravando su situación hasta el punto actual. La autoridad ha sido clara al priorizar la investigación de posibles irregularidades y la reubicación de los estudiantes. Es de esperar que exista una colaboración entre el Estado y las instituciones para que, en virtud del rol público que todas tienen, contribuyan a la solución oportuna orientada a los alumnos.

Sin perjuicio de ello, quienes defendemos un sistema de educación libre, mixto y de calidad no debemos descartar el cierre de instituciones como una opción deseable. Para aclarar esto es necesario antes hacer algunas precisiones.

Primero, casos como este serán abordables con la Ley de Educación Superior en régimen. No hay un problema regulatorio, ni la necesidad de dotar al Estado de mayores facultades, ni de afectar la autonomía de las instituciones para, supuestamente, evitar que situaciones como esta ocurran. La Superintendencia de Educación Superior tendrá plena capacidad de identificar a tiempo este tipo de situaciones y proteger a sus estudiantes, si se concentra en una fiscalización ágil, inteligente, focalizada y basada en riesgos, que potencie la transparencia, la fe pública y la confianza.

Pero mantener la fe pública requiere más que eso. El cierre oportuno evita que se engañe a la opinión pública manteniendo artificialmente casas de estudio fallidas. Pero el criterio debe ser igual para todos. Al respecto, la Superintendencia tendrá la tarea de llevar las altas exigencias a todo el sistema. La delicada situación financiera de algunas universidades del Estado, por problemas de gestión, captura o simplemente por su incapacidad de generar una oferta educativa relevante, fue sistemáticamente obviada en el pasado: hoy varias de ellas presentan déficits financieros similares a los de la institución en comento, además de acreedores amenazando con cobranzas judiciales. Casos como este muestran que, en el sector privado, la competencia asegura que proyectos deficientes cierran. ¿Tenemos la misma certeza de los planteles estatales?

Segundo, la crisis de la U. del Pacífico demuestra que la solidez financiera y una buena gestión son requisitos para un proyecto educativo de calidad. Por esto, es preocupante que el mal diseño de la gratuidad haya afectado los ingresos de las universidades adscritas, llevando a algunas a reducir su planta académica, con las consecuentes pérdidas de calidad e identidad. Paradójicamente, la misma política ha agotado los recursos públicos disponibles. La solución para estas instituciones reside en el copago que estudiantes y sus familias puedan solventar en el presente o en el futuro, mediante créditos subsidiados. Sin financiamiento mixto simplemente no tendremos la educación que el país requiere.

Finalmente, mientras ciertas casas de estudio privadas declinan, muchas otras han mostrado avances significativos y entrado a competir por alumnos, recursos concursables, proyectos de investigación, prestigio y rankings internacionales con las universidades tradicionales del país. Lo que caracteriza al sector privado en educación superior en Chile no es el cierre de instituciones, sino el progreso significativo de una diversidad de planteles en condiciones desventajosas de competencia en apenas 30 años. La discriminación en términos de financiamiento fiscal es significativa: las universidades privadas no tienen acceso a fondos basales, sus estudiantes tienen peores becas y créditos menos convenientes (algo que afortunadamente el Mineduc está empezando a enfrentar), pero aun así han logrado competir y ganar. Esto es un elemento positivo que debiera recordarse y valorarse con mayor frecuencia.

Sin querer forzar una lectura positiva de un hecho que afecta a una comunidad educativa, debemos entender que la confianza y la fe pública en nuestra educación superior también dependen de que, cuidando los derechos de todos los involucrados, los proveedores que no logren cumplir, sin importar su propietario, salgan del sistema.

Leer columna en El Mercurio.