Necesitamos una estrategia de largo plazo, que tenga a la familia como foco no solo en educación, sino también en trabajo, seguridad social, salud, vivienda, urbanismo, transporte, desarrollo social, y del que se haga parte a su vez el Ministerio de la Mujer. Esto, porque la familia necesita flexibilidad laboral, proyectarse en el tiempo, mantenerse sana, contar con un espacio suficiente para vivir, menores tiempos de traslado, espacios de recreación y, sobre todo, entender la importancia de los padres y madres, y el bien que significa para los hijos tenerlos.
(Leer columna en El Mostrador)
“Para educar a un niño se necesita toda una tribu”, dice un proverbio africano, aludiendo al espíritu de colaboración fundamental para la enseñanza y desarrollo de los niños. No obstante, hoy las nuevas tribus –que llamamos comunidades– están más ausentes que nunca, partiendo por lo que constituye su base: la familia.
No es justo culparlas. Llevamos décadas invirtiendo en un Estado, garantista de derechos, que no exige deberes y a la vez pretende hacernos creer que es la solución a todos los problemas sociales, partiendo por educación, salud y seguridad social. Para colmo, y como si dichas problemáticas ya tuvieran una buena y suficiente respuesta, sumamos cada vez nuevas cosas que, para frustración de todos, conllevan en la práctica mayor burocracia y menores soluciones. No es que el Estado no deba dar respuestas, pero hay un factor que está olvidando: no puede solo.
Limitando el problema solo a educación escolar, hoy debemos dar solución urgente a la deserción, la pérdida de aprendizajes, y la violencia física y psicológica entre estudiantes. Las últimas décadas todo problema asociado al estudiante, pretendió resolverse en las escuelas, transfiriendo gran parte de las responsabilidades de las familias y comunidades a quienes enseñan, sumando a la ya grave crisis el estrés de los profesores y la cada vez más baja matrícula en pedagogías. Hoy debemos repensar cómo retransferir buena parte de esas responsabilidades de vuelta a las familias, para lo cual, paradójicamente, necesitamos ayuda del Estado.
Antes, dos aclaraciones. No se trata de simplificar el problema educativo aludiendo a la familia como la única solución a una cuestión multicausal. Para salir de la grave crisis educativa en la que estamos inmersos, necesitamos construir fuertes pilares, y la familia es solo uno de ellos. Por otro lado, la familia es una institución base de la sociedad y, si bien su forma difiere, lo prioritario en este caso es que tengan a cargo uno o más niños, constituyendo su principal fuente de amor, contención y posibilidad de desarrollo.
Como país hemos menospreciado la evidencia: más de cincuenta años de investigación apuntan al involucramiento de los padres en el aprendizaje de los niños como un importante factor en el aumento de la asistencia, la mejora del comportamiento en clases y las tareas, el aumento en las tasas de retorno y, en general, la mejora del rendimiento de los niños.
Los países más desarrollados han parecido entenderlo y van en esa línea. El gobierno australiano realizó por cuatro años una investigación, junto a instituciones no gubernamentales, que trajo como resultado, el año 2020, una guía para promover con políticas concretas el involucramiento de las familias en las comunidades escolares. El Banco Mundial, junto a otras organizaciones internacionales, elaboró a su vez, en junio de este año, un plan para la recuperación de aprendizajes pospandemia, destacando la importancia de involucrar activamente a las familias en ello. En Chile, hasta ahora, parecieran no darse por enterados.
El Mineduc, a pesar de la prioridad que el Presidente asignó a la crisis, se conforma con la suspensión de la evaluación docente, de parte del Simce, la mantención de la priorización curricular, y la promoción de las tutorías entre pares. Se habla del Plan “Seamos Comunidad”, pero este solo incluye a una parte muy pequeña de Chile. Urge hacer más, pero tampoco puede solo.
Necesitamos una estrategia de largo plazo, que tenga a la familia como foco no solo en educación, sino también en trabajo, seguridad social, salud, vivienda, urbanismo, transporte, desarrollo social, y del que se haga parte a su vez el Ministerio de la Mujer. Esto, porque la familia necesita flexibilidad laboral, proyectarse en el tiempo, mantenerse sana, contar con un espacio suficiente para vivir, menores tiempos de traslado, espacios de recreación y, sobre todo, entender la importancia de los padres y madres, y el bien que significa para los hijos tenerlos.
También necesitamos que nuestros legisladores abran los ojos. Un reciente proyecto de ley ingresado, que castiga con pena privativa de libertad a aquellos padres cuyos hijos no estén siendo parte del proceso educativo, es solo un ejemplo de lo ciegos de algunos de ellos: necesitamos padres presentes, no en la cárcel.
Para hacer frente a la grave crisis educacional, el Estado necesita a las familias, y las familias necesitan al Estado, pero no para que la reemplacen en sus propios roles, sino para que puedan cumplirlos.