Por Pablo Arias, investigador de Acción Educar.
La Ley de Educación Superior determina una serie de modificaciones, entre ellas establecer un nuevo sistema de acceso que debe entrar en vigencia el próximo año.
Hasta el minuto sólo conocemos que serán dos comités -uno universitario y otro técnico profesional- los encargados de proponer procesos e instrumentos de selección, siendo el recién nombrado subsecretario quien liderará este cambio. Frente a este panorama resulta relevante analizar la experiencia internacional.
A pesar de la ambigüedad de la ley en esta materia, resulta positivo que al menos defina la creación de una plataforma única que administre los procesos de admisión. La evidencia muestra que en la mayoría de los países desarrollados existe un mecanismo de este tipo. Si bien tienen diferencias en cuanto a su cobertura y alcances, son indudables sus ventajas en términos de gestión, costos e información para los postulantes. Esto no significa que el sistema deba ser totalmente centralizado como ocurre actualmente en Chile con el SUA; de hecho, en EE.UU. los planteles mantienen la libertad para fijar sus requisitos de entrada y perfiles de alumnos.
En ese sentido, que la ley determine que el nuevo sistema de acceso deje de ser administrado por el Cruch, da cuenta de mayores niveles de transparencia y objetividad, posibilitando su apertura y flexibilización.
Por otro lado, la normativa establece que se deben crear nuevos instrumentos de selección, pero no queda explícito la cantidad, alcance, ni su administración. EE.UU., Japón y Brasil realizan pruebas estandarizadas similares a la PSU; sin embargo, es interesante notar que Chile es el único que le otorga tal importancia, exigiendo, por ejemplo, una ponderación mínima del 50% y un puntaje de 450 puntos como piso para poder postular. Aunque es positivo que existan este tipo de instrumentos, la tendencia internacional ha sido dar menos protagonismo a este factor, resaltando cada vez más la trayectoria académica del postulante.
Es crucial avanzar donde hay consenso: modificar un instrumento de selección con escasa validez y predictibilidad -la PSU- y apuntar hacia un sistema de acceso que permita integrar la diversa gama de IES y necesidades de los futuros estudiantes. Siendo clave en este proceso las lecciones que nos puedan entregar los otros países.