Columna en La Tercera: Lista de chequeo para el 2019 en educación
Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.
Es difícil establecer una agenda en educación. O se opta por medidas realizables y acotadas, que terminan pareciendo un grano de arena, o se embarca en reformas estructurales que nunca parecen reflejar el monumental esfuerzo que requieren, y sus resultados se pierden en la incertidumbre. Todas se hacen, igualmente, pues darle oportunidades a un niño o niña es cambiar el mundo. Pero del Ministerio de Educación usualmente se espera más que cambiar el mundo.
En ese contexto, ¿qué plantear para este 2019?
En educación parvularia, tres cosas. Primero, presentar y aprobar las nuevas subvenciones para los niveles medios (2 a 4 años). Esto corrige una incomprensible discriminación contra los niños que asisten a la educación parvularia municipal o particular subvencionada, además de inyectar recursos para un nivel donde los estándares mínimos de provisión son mucho más costosos que en básica o media. Tampoco debe quedarse atrás el proyecto de Sala Cuna universal que lidera el Ministerio de la Mujer. Segundo, debe implementarse el sistema de aseguramiento de la calidad para la educación parvularia vigente. Para esto se requiere poner a punto algunos instrumentos y tomar decisiones respecto a cómo se evaluará el desarrollo o el aprendizaje en ese nivel, pero no se puede seguir esperando. El gobierno anterior creó bases curriculares, pero titubeó respecto a como continuar. Esta administración deberá cerrar este círculo. Finalmente, es de esperar que se postergue la obligación de obtener el reconocimiento oficial u autorización de funcionamiento antes de agosto de este año. Cumplir esa fecha se ha vuelto impracticable, por mucho que la Subsecretaría ha puesto sus esfuerzos en digitalizar el proceso. Lo clave en este punto es que el cambio de plazo no implique que se bajen los brazos: los estándares asociados a la autorización de funcionamiento son fundamentales y deben implementarse. Metas por región podrían ser una interesante aproximación.
En educación básica y media, otras tres. El foco principal – desde el cual pueden coordinarse los otros esfuerzos – debe ser la puesta en marcha de los nuevos Servicios Locales de Educación, tanto los que ya están en funcionamiento como los que comenzarán este año. El monitoreo de este proceso es importante, pues aún está en consolidación, y los vicios y problemas que se generen corren el riesgo de permanecer en el tiempo. El gobierno tiene aquí una oportunidad única: plantearse ante la ciudadanía como quienes le cambiaron la cara a la educación pública, obviamente desde sus propios principios y visión. Los servicios locales recientemente creados debieran concentrar la atención del Ministerio de Educación, pues no hay segundas oportunidades para primeras impresiones. El segundo asunto esencial es desarrollar un modelo de apoyo a las escuelas y liceos de menor rendimiento en el sistema. Desde 2012 el Mineduc tiene la función de asistir a los establecimientos que no logren los resultados mínimos esperados, pero aún no se ha definido un modelo efectivo, convincente y lo suficientemente flexible como para servir de punta de lanza de la mejora en logros de aprendizaje. Sería útil, asimismo, socializarlo más activamente, para que la ciudadanía tenga mayor cercanía con los esfuerzos concretos que hace el Estado por la mejora concreta de la calidad de la educación. El tercer ítem en la lista de este nivel es concretar el plan “Todos al Aula” en los cambios normativos y administrativos que correspondan. Es claro que la Superintendencia ya ha avanzado bastante en los aspectos que le competen, pero la misma comisión dejó por escrito grandes desafíos. La flexibilización del uso de los recursos de la subvención escolar preferencial y una carrera directiva son ideas que debieran materializarse en proyectos de ley.
En educación superior, tres cosas más. La más evidente tiene fecha: en mayo de este año comenzarán a regir la nueva regulación a la que debe someterse universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. El paso esencial es la puesta en marcha de la Superintendencia de educación superior, encargada de hacer cumplir estas reglas. Este proceso debe ser administrado con mucha inteligencia política y no puede ser relegado a lo administrativo: el Ministerio de Educación deberá hacer valer su determinación ante un sector con un poder e influencia que los ha salvado de todos los intentos anteriores por regular ¿Qué ocurrirá cuando la Superintendencia de Educación Superior cite al rector de la Universidad de Chile, para exigirle la transparencia y rendición de cuentas, y cursarle multas? ¿Será capaz la Superintendencia de ordenar el cierre de una universidad estatal por ser esta inviable financieramente? La ciudadanía no solo debe exigir que esto suceda, debe asegurarse que no sea una impostura ni un gatopardismo más. El segundo elemento es asegurar el adecuado funcionamiento de la Comisión Nacional de Acreditación, institución a cargo de establecer estándares mínimos de calidad para la educación superior. Su estructura ha sufrido cambios importantes que hoy ponen en riesgo que haya continuidad en el servicio que presta. Esto se suma a ciertas decisiones, arbitrarias y tardías, como los cambios de criterios de productividad de los doctorados y el establecimiento de mesas de trabajo totalmente opacas y corporativas para la definición de nuevos criterios y estándares, que horadan su reputación y contribuyen a la incertidumbre. Hace falta notificar a dicha Comisión – que parece dominada por un inusitado sentido de urgencia – que los tiempos cambiaron, y ya no se puede operar sin la debida transparencia. El último punto refiere a los recursos. Sin perjuicio de los esfuerzos de la administración anterior, el financiamiento de la educación superior no está resuelto por ningún lado. No solo la gratuidad quedó mal diseñada (hoy sus antiguos promotores alegan en el Tribunal Constitucional para obtener un atisbo de salvación) si no que se postergó una modificación necesaria al Crédito con Garantía Estatal (CAE) que lo hiciera viable. El gobierno ensayó una alternativa , el Sistema de Financiamiento Solidario, pero requiere cambios en dirección a permitir los aportes de familias y proteger la autonomía de las instituciones, y no ser una gratuidad por otros medios.
Escrito por Daniel Rodríguez Morales
Director ejecutivo de Acción Educar.
