Columna en La Tercera: Superintendencia de Educación Escolar; el silencioso buque insignia

• 28 de Diciembre, 2018

Por Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar.

El gobierno del Presidente Piñera asumió con varias urgencias, algunas más ruidosas que otras. Una de las crisis de las cuales se hablaba poco pero, paradójicamente, afectaba de forma masiva a la educación escolar, era la relación no resuelta de los establecimientos con la Superintendencia.

En pocas palabras, la muy abundante, detallada y dispersa normativa educacional, sumada a las múltiples reformas estructurales promulgadas durante la administración de la Presidenta Bachelet, convirtieron la fiscalización de la Superintendencia de Educación Escolar en un ejercicio excesivo, burocratizado y, en la opinión de muchos, contrario a todo sentido común. El enfoque sancionador, basado en la desconfianza, llevó a que los directores de colegio gastaran recursos y tiempo en responder a las demandas cada vez más absurdas del regulador, en lugar de dedicar tiempo a desarrollar su rol de líder pedagógico en pos de los aprendizajes de los estudiantes.

La comisión “Todos al Aula” propuso una serie de modificaciones legales y reglamentarias para enfrentar la burocratización excesiva del sistema escolar. Pero, al mismo tiempo, la Superintendencia ha avanzado con medidas administrativas en la misma dirección, lo que ha contribuido no solo a materializar una promesa de campaña del actual gobierno, sino a reestablecer la fe pública de los establecimientos en el actuar del Estado, después de varios años bajo intenso cuestionamiento. Medidas como la confección de “circulares de reglamentos internos”, que agrupan en un solo lugar una gran variedad de normas dispersas de acuerdo a su nivel, representan una ayuda significativa para establecimientos pequeños con poca capacidad legal y administrativa. Ayudan además a la transparencia, ya que la sociedad civil y los padres pueden informarse más fácilmente de la normativa que regula los establecimientos, especialmente a los de educación parvularia.

La flexibilización razonable de los recursos de la subvención escolar preferencial (SEP) es también un avance notable. La discusión de la Ley de Inclusión trajo grandes restricciones al uso del financiamiento público, lo que disminuyó la autonomía de los colegios. Para que esta limitación no fuera tan nociva, debió acompañarse de mayor libertad y flexibilidad para el gasto de los establecimientos en este nuevo marco. Pero esto último quedó pendiente. Hoy la Superintendencia explora nuevas formas de ampliar el uso de estos recursos SEP de forma que puedan usarse para gastos de todo sentido y obviamente alineados con el proyecto educativo y el plan de mejoramiento, como calefacción, software, infraestructura, mobiliario e incluso pago de asignaciones. Todo esto contribuye al bienestar de los niños y su educación.

Finalmente, se observa un giro en la visión de la Superintendencia respecto de su rol en el Sistema de Aseguramiento de la Calidad. Esta institución se ha preocupado de alinear su quehacer con la búsqueda de la calidad, no solo el estricto cumplimiento de la ley. Esto le da otra altura a su labor, acompañando la acción fiscalizadora con propósitos de mejoramiento de la educación y reflexión pública sobre cómo queremos que sea nuestro sistema. Esto ha llevado a la Superintendencia a modificar su filosofía de fiscalización, buscando proteger derechos o bienes públicos antes que una lista de chequeo de probables incumplimientos. Esto puede sonar arcano, pero es de la mayor importancia, pues enfoca la acción del Estado hacia un bien que todos queremos (calidad de la educación y resguardo de derechos), y no al cumplimiento de un objetivo tautológico que el Estado se pone a sí mismo y luego se felicita por lograr, a expensas de la libertad y la autonomía de las personas (burocracia).

Hasta la fecha estos avances han sido la punta de lanza del plan de desburocratización, que probablemente entre en discusión durante el próximo año. En efecto, permiten dar un marco y una dirección a los cambios que deriven de “Todos al Aula”, que, con algunas excepciones, son urgentemente necesarios.

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