Editorial Crónica de Chillán: La gratuidad en la educación superior
Editorial, Crónica de Chillán.
A casi tres semanas del Mensaje que la Presidenta de la República, Michelle Bachelet, entregó el 21 de Mayo, en el cual delineó en materia educativa la meta de implementar al año 2016 la gratuidad progresiva de la educación superior para el 60% de los estudiantes más vulnerables del país, han sido múltiples las reacciones de incertidumbre que han dado los rectores de universidades, institutos profesionales o centros de formación técnica.
En el seno de estas organizaciones educativas se está planteando que con el anuncio presidencial se está gestando una “discriminación arbitraria” en materia educativa, al existir unos 800 mil alumnos -esto es, dos tercios del sistema actual- que se verán excluidos de acceder a los beneficios de la gratuidad, lo que vulnera de por sí el principio de la igualdad ante la ley que ampara la Constitución de la República.
Son casi 264 mil jóvenes en Chile los que podrán acceder efectivamente a la gratuidad, sin embargo un número importante, con similares condiciones de vulnerabilidad quedan irremediablemente fuera y deberán asumir los costos de su educación a partir del próximo año.
Más aún, para aquellos alumnos que quedan en la posibilidad de acceder a la ansiada gratuidad, éstos sólo podrán hacerlo en un número reducido de instituciones en regiones. Tal es el caso de la Región del Bío Bío, donde de un total de 42 instituciones educacionales acreditadas -incluyendo aquellas con fines de lucro-, los estudiantes sólo podrán acceder a 7 de ellas (3 en la provincia de Ñuble). Lo anterior genera además un segundo tipo de vulneración, la imposibilidad de elegir dónde estudiar.
Mientras entidades como Acción Educar plantea que el gobierno debe buscar una estrategia que no discrimine, estableciendo requisitos de nivel socioeconómico que no deje afuera a alumnos que han optado por instituciones acreditadas, o ajustar la cifra de beneficiados al 30% más vulnerable; la red Vertebral, que reúne a 20 institutos profesionales y centros de formación técnica acreditados del país, en voz de su presidente Gonzalo Vargas, reconoce que esta política no estimula la calidad, equidad o eficiencia. Muchas instituciones de regiones no calificarán para otorgar educación gratuita y con ello se aumenta la discriminación. En este contexto, sin una hoja de ruta clara para los años 2017-2018, parece más factible avanzar en el mejoramiento de las becas y créditos existentes, una medida que a todas luces genera menos discriminación entre los beneficiarios.
Sin una hoja de ruta clara para los años 2017 – 2018, urge avanzar en mejorar las becas y créditos existentes, una medida que genera menos discriminación entre los beneficiarios.
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