Un análisis de Acción Educar asegura que el financiamiento público a la educación superior se ha incrementado en un 160% entre 2011 y 2019.
Por S. Dote
Un estudio realizado por Acción Educar advirtió que el gasto público asociado a la gratuidad para la educación superior podría volverse “insostenible” si se mantiene la inscripción de instituciones dentro del sistema al ritmo actual.
El análisis, que fue encabezado por el investigador Sebastián Carpentier, consideró antecedentes entregados por la Contraloría General de la República, que afirmaron que el financiamiento público a la educación superior se ha incrementado en un 160% entre 2011 y 2019, donde dos tercios del incremento mencionado se explican por el costo asociado al financiamiento por gratuidad.
“Lo anterior es especialmente problemático si tenemos presente que varios estudios sobre la formación de capital humano han demostrado que intentar remediar las disparidades generadas por contextos de vulnerabilidad es más difícil y costoso a medida que la intervención es más tardía, mientras que resulta mucho más efectivo y eficiente invertir a temprana edad para reducir las brechas de aprendizaje y rendimiento, así como las desigualdades socioeconómicas subyacentes que estas generan”, señaló el informe.
Por lo anterior, el análisis explicó que “seguir destinando un monto desproporcionado a la educación superior respecto de los demás niveles educativos es un despropósito. Es fundamental que los recursos se destinen principalmente a los primeros años de formación”.
En cuanto al gasto público asociado a la gratuidad, Acción Educar planteó que “si proyectamos el eventual crecimiento de dicho costo, el compromiso fiscal asociado podría volverse insostenible”.
Entre las causas del incremento se estimó el aumento de las instituciones adscritas al sistema y a la Ley N° 21.091, que según el documento “establece ciertos gatillos de recaudación fiscal a partir de los cuales el financiamiento por gratuidad tendría que expandirse paulatinamente en cobertura hacia los deciles 7, 8, 9 y finalmente hasta la gratuidad universal una vez que los ingresos fiscales representen un 29,5% del PIB tendencial del país”.
Entre sus conclusiones, el estudio aseguró que “quedó demostrado que a la fecha el financiamiento por gratuidad no ha logrado cumplir con los objetivos planteados por sus principales promotores, pues la participación neta de los estudiantes vulnerables en la educación superior”, apuntando a un aumento de casos que podría llevar a que la política se haga “insostenible” a lo largo de los años.