El Líbero: Estudio de Acción Educar; El riesgo que corren 100.000 estudiantes de educación superior por incertidumbre en proceso de acreditación

• 10 de Noviembre, 2018

Con la promulgación de Ley de Educación Superior se hizo obligatoria la acreditación para todas las casas de estudio autónomas. Quienes no cumplan con el trámite no podrán impartir nuevas carreras, abrir sedes o aumentar vacantes. Incluso, podrían cerrar. Un estudio de Acción Educar revela que hay 45 establecimientos en peligro.

Por E. Avendaño

Los nuevos criterios para la certificación de las instituciones autónomas deben estar listos en octubre de 2019, para ser aplicados a partir de enero de 2020. La acreditación institucional es obligatoria desde la entrada en vigencia de la Ley de Educación Superior en mayo. Sin embargo, en opinión de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, “la ley actual no entrega plazos razonables para eso”.

Su aseveración tiene fundamentos. La organización que dirige elaboró una Radiografía al sistema de educación superior chileno no acreditado que da cuenta de que de un total de 146 instituciones vigentes de educación superior con matrícula al 2018, 64 de ellas no se encuentran acreditadas por la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) y cuentan con un total de 103.047 estudiantes. Las instituciones que no logren acreditarse no podrán impartir nuevas carreras, abrir sedes o aumentar vacantes. Perderían el reconocimiento del Estado hasta el punto en que deberían cerrar.

De las 64 instituciones que no tienen la certificación de la CNA, 45 son autónomas. Es decir, 70% del total del mundo no acreditado. “El objetivo del estudio era mostrar que, dado que el sistema de acreditación no era obligatorio hasta antes de la aprobación de la Ley de Educación Superior, existe un grupo importante de instituciones que no están acreditadas. Muchas de ellas no tienen ni siquiera las dimensiones ni la infraestructura de gestión como para empezar un proceso de acreditación, por lo tanto, se arriesgan mucho en estas nuevas condiciones de acreditación obligatoria”, dice Rodríguez.

Las casas de estudio más pequeñas serían las más vulnerables. De los 39 establecimientos que nunca se han sometido a un proceso de acreditación, según la investigación de Acción Educar, 46% tiene menos de 100 alumnos y seis de ellos cuentan con más de 1.000 alumnos (15%).

Subraya Rodríguez: “No existen instituciones acreditadas de menos de 500 estudiantes. Pero más de la mitad de las instituciones no acreditadas tienen efectivamente menos de 500 estudiantes. Uno podría prever que las instituciones no acreditadas son demasiado chicas como para alcanzar la acreditación, no tienen una holgura financiera para soportar un proceso como ese”.

Para acreditarse, primero la institución debe autoevaluarse, la información es enviada al CNA, estos la envían a otros académicos quienes elaboran un informe y luego se vota si se les otorga el “sello de calidad” y por cuántos años. El proceso tiene un costo.  Para las universidades e institutos profesionales, según el Diario Oficial del 23 de diciembre de 2017, es de 330 UTM ($15.892.800) por las áreas obligatorias, por cada área adicional son 39 UTM; mientras que para los centros de formación técnica es de 313 UTM ($15.074.080).

Quienes inicien el proceso de acreditación, deben hacerlo bajo nuevos criterios y estándares de calidad. Sin embargo, hasta ahora “no hay claridad respecto a los criterios que se van a usar para evaluar a estas instituciones y lo segundo es que el proceso de acreditación es largo. Se necesita poco más de un año y medio, previo a que se inicie, en el que la institución hace un proceso de autoevaluación antes del proceso formal que tiene que ver con la visita de pares evaluadores y la acción de la CNA misma. Las instituciones comienzan con mucha antelación, la que no va a poder tener lugar si es que los criterios no se hacen con el tiempo que corresponde”, explica el director de Acción Educar.

El texto elaborado por Acción Educar distingue que, al ser voluntario antes de la aprobación de la Ley de Educación, el proceso de acreditación habría que separar a las instituciones no acreditadas en tres grupos: aquellas que no cuentan con acreditación vigente porque nunca consideraron relevante someterse a este proceso, aquellas que habiendo solicitado voluntariamente y obtenido la acreditación institucional la han perdido, y aquellas que habiéndose presentado al proceso nunca la han obtenido.

“Se puede inferir que instituciones que ya han enfrentado un proceso, aunque hayan fallado en obtener la certificación o posteriormente la hayan perdido, están mejor preparadas para el cambio regulatorio”, especifica. De las 39 instituciones que nunca se han sometido a un proceso de acreditación, la mayoría corresponde a centros de formación técnica e institutos profesionales. De las 25 instituciones restantes que no se encuentran acreditadas, 7 han realizado los procesos con la CNA, pero no han obtenido la acreditación, mientras que 18 sí estuvieron acreditadas alguna vez, pero hoy la perdieron.

Reporta Acción Educar que del total de establecimientos que no cuenta con acreditación, un 33% tiene menos de 100 alumnos, un 23% es de tamaño medio y posee una matrícula de pregrado que está entre los 100 y los 500 alumnos y solo un 11% posee entre 500 y 1.000 estudiantes. Los institutos profesionales y los centros de formación técnica son los que suelen presentan un menor tamaño.

Rodríguez sugiere que al definir los criterios el CNA debe considerar el contexto de cada centro: “Debieran ser capaces de diferenciar si una institución tiene 180 años o si tiene 20, si es una institución basada en la investigación o en la docencia. En fin, los criterios debieran ser capaces de distinguir los distintos proyectos educativos”.

“Hoy día no hay una normativa prefijada que permita decir qué es lo que pasa con esos alumnos y esa es una de las preocupaciones que tiene que tener el Ministerio. Son más de 100.000, son muchos”, asevera Rodríguez.

Los alumnos que asisten a instituciones no acreditadas se concentran en la región Metropolitana de Santiago (59%) y en la región del Bío Bío (10%).

“No podemos esperar que todas las instituciones acrediten. Va a haber un gran grupo de instituciones, probablemente chicas, que no van a lograr acreditar y, por lo tanto, para poder resguardar el derecho a la educación de esos estudiantes, lo que el Ministerio de Educación debiera empezar a pensar es en alguna forma, de ley o normativa, de fusión de instituciones que permitan juntar o dar una solución rápida y ordenada a los estudiantes de instituciones que se vean obligadas a cerrar por no acreditar”, dice Rodríguez.

En cuanto a la evaluación que hace de la implementación que ha tenido la Ley de Educación Superior señala que “hay procesos que han andado como eran esperados, como la Superintendencia de Educación que ya nombró un intendente. Sin embargo, en todo lo que tiene que ver con la CNA el procedimiento ha sido más lento.  Aún estamos en los plazos, pero se prevé muy difícil cumplirlos. Lo más difícil será el nombramiento de los nuevos comisionados, las personas que van a estar a cargo de votar respecto a si las instituciones se acreditan o no”.

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