El Mercurio: Admisión a la universidad con notas y ranking beneficiaría al 62% de los jóvenes, pero 9 mil no podrían postular

• 5 de Enero, 2020

Por: Valentina González.

El 38% se vería perjudicado y la mitad de ellos podría perder hasta 35 puntos. Expertos advierten que estos factores no permiten una selección tan exacta y que además podrían no reflejar bien el rendimiento.

“No + PSU” es la consigna que, por estos días, cubre la fachada del Demre, rayada en medio del llamado de secundarios a protestar frente a las dependencias del organismo encargado de confeccionar la Prueba de Selección Universitaria. El deseo de algunos jóvenes es acabar con este instrumento y hacerlo ahora. Es decir, no aplicando la prueba este lunes y martes.

Pero ¿cómo organizar el ingreso a la educación superior, entonces? Algunos jóvenes —entre ellos, agrupados en el movimiento “No + PSU”— han propuesto usar las notas de la enseñanza media (NEM) y el ranking para las postulaciones.

Acción Educar simuló el impacto que tendría no contar con el examen, en base a los puntajes de los que rindieron la PSU del proceso de admisión de 2019. Primero, se promedió cómo se ponderaba cada factor en los planteles que son parte del Sistema Único de Admisión (SUA): el 14,1% para el NEM, 24,3% para el ranking y aproximadamente el 60% para las distintas pruebas.

Para el ejercicio, se aumentó proporcionalmente el peso de los dos primeros factores. Así, las notas quedaron con el 36,7% y el ranking con el 63,3%. Según Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, la primera conclusión fue que “hay un impacto relevante. No da lo mismo, no es irrelevante que la PSU no se haga”.

Las consecuencias

Según el análisis, el 62,4% de los estudiantes tendría un puntaje mayor. En promedio, podrían ganar 57,2 puntos, y la mitad de los casos experimentaría un aumento de hasta 49 puntos.

Sin embargo, el 38% tendría un puntaje ponderado menor. Y la variación no sería poca: en promedio, perderían 42,7 unidades. De hecho, quienes tienen un bajo desempeño en las pruebas —en torno a los 520 puntos— se verían especialmente perjudicados. Ellos no tendrían una mejoría en sus resultados, a diferencia de quienes, por ejemplo, tuvieron alrededor de 580 puntos y, sin la PSU, subirían unas 20 unidades.

El análisis también detectó un alza en el número de jóvenes que no podrían postular a las instituciones que pertenecen al SUA, por tener menos de 450 puntos. Pasarían de 5.540, a 9.366.

Por la magnitud de los cambios, Vergara advierte que esto podría tener repercusiones considerables en los planes de un postulante: “Se podría modificar la distribución. Es decir, si un estudiante antes podía ingresar a tal carrera, tal vez no lo podría hacer en este panorama”.

La directora del Demre, Leonor Varas, afirma que el ranking y las notas dan “información insuficiente para distinguir a unos de otros, sobre todo cuando hay más postulantes que vacantes”.

“Tengo que garantizar que el que quedó arriba tiene mayor probabilidad (de éxito) que el que quedó debajo. ¿Puedo decir eso de alguien que se sacó un 6,1 frente a alguien que se sacó un 6 en otro colegio? No son comparables”, plantea Varas.

Mónica Silva, académica de la UC, añade que estos factores no siempre ofrecerían un reflejo exacto del desempeño de un alumno, ya que “hay quienes maduran tarde, otros que por razones de salud o familiares rinden bajo sus capacidades en la enseñanza media”. Sostiene que pueden ser complementos útiles si se usan junto a pruebas y, en ese sentido, asegura que “no cabe duda de que hay que reformular la PSU, pero no (hay que) descartar de plano el uso de buenas pruebas estandarizadas en la admisión”.

Si algo impidiera la aplicación de la prueba, Vergara desaconseja postergarla. Un cambio de fecha, dice, terminaría perjudicando a los jóvenes al alterar nuevamente el año académico.

Otro asunto por resolver, si no existiera la prueba, sería cómo asignar beneficios como la gratuidad, que dependen del puntaje PSU. “En ese sentido, no da lo mismo si no se logra dar. Pero, en caso de que no se haga, uno podría pensar en un sistema alternativo que permita empezar igual las clases en marzo entregándoles mayores posibilidades a las propias instituciones para que realicen sus gestiones de admisión”, concluye Vergara.

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