El Mercurio: Análisis de Acción Educar; Las dudas sobre el gasto fiscal que implica la gratuidad en un escenario de crisis

• 4 de Abril, 2021

Investigación plantea que la estrategia no ha aumentado la cobertura en los alumnos más vulnerables, sino que la ha concentrado en solo algunas instituciones.

Por D. Gotschlich

Más de 300 mil alumnos, de distintos niveles, acceden a la gratuidad cada año, desde que esta política de financiamiento se inició en 2016.

El año pasado, de hecho, fueron 395 mil los estudiantes que pudieron optar a este beneficio, que les permite ingresar a la educación superior sin pagar la matrícula ni el arancel mientras dure su carrera.

Aunque representa un gasto público alto, la estrategia es defendida por quienes plantean que incrementa la participación de estudiantes de menores recursos, al financiar los estudios de aquellos pertenecientes al 60% más vulnerable del país, disminuyendo a desigualdad y generando mayor movilidad social.

No obstante, también hay críticos, quienes plantean que la política ha generado un gasto fiscal “desproporcionado” y que resulta financieramente inviable seguir ampliándola.

Un análisis de Acción Educar, por ejemplo, argumenta que en 2017 se destinaba para la educación superior el 5,4% del gasto público para este fin, casi el doble del promedio utilizado por lo otros países de la OCDE, que llega al 2,9%.

Además, desde la fundación plantean que la política de gratuidad no ha cumplido con los objetivos que defendió inicialmente, sino que había disminuido la diversidad socioeconómica al interior de las distintas casas de estudios, induciendo y concentrando a los alumnos con menos recursos en un grupo específico de instituciones.

Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, afirma que “desde que se implementa la política no ha aumentado la participación de estudiantes de los primeros deciles, y a pesar de ello cada año incrementa sus costos considerablemente”.

En ese sentido, considera que “el efecto que ha tenido la gratuidad es que ha aumentado la concentración de estudiantes de los seis primeros deciles en las instituciones adscritas a la política. Es decir, la gratuidad genera un incentivo económico que condiciona la elección de los estudiantes más vulnerables”.

El subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas, señala que el hecho de “que la composición económica de los estudiantes no haya cambiado tras la implementación de la gratuidad muestras que el problema no es el financiamiento, sino que de acceso”.

Respecto del plano económico, añade que “la gratuidad ha implicado la sustitución de aportes privados por recursos públicos, sin que se haya alterado el financiamiento total del sistema”.

José Joaquín Brunner, investigador del Centro de Políticas Comparadas en Educación de la U. Diego Portales, discrepa del análisis de Acción Educar, pues a su juicio, “no es que los estudiantes con gratuidad puedan estar entrando a un pequeño número de instituciones. No, están entrando a la mayor parte de las instituciones chilenas de educación superior y eso es algo positivo”.

Y añade que “la gratuidad no estaba diseñada para aumentar el número de estudiantes que acceden a la educación superior”.

Juan Pablo Guzmán, rector del IP y CFT Santo Tomás y presidente de Vertebral, también le otorga valor a la política, sobre todo en el escenario de pandemia y crisis económica.

“En este año complejo, donde los ingresos de los hogares se han visto afectados de manera importante, la gratuidad ha sido un factor relevante para la decisión de estudiar para miles de jóvenes”, dice.

En ese sentido, detalla que cerca de la mitad de los estudiantes del CFT Santo Tomás que postularon a gratuidad este año ha sido seleccionada. “Proyectamos que al final del proceso esa cifra aumente al 68%”, prevé.

Brunner asegura que “antes de establecerse la gratuidad, el sistema ya estaba recibiendo a todos los estudiantes que querían estudiar en algún programa dentro de la educación superior, de modo tal que ya hace más de cinco año tenemos una tasa de participación de acceso de las más altas del mundo”.

En esa línea, añade que “también poco cambia sustancialmente la composición social de los estudiantes. No es como que fuéramos a pasar de un perfil de estudiante a otro distinto, ya que esto beneficia al 60% de los hogares con menor ingreso”.

Cifras

– 160% aumentó el financiamiento a la educación superior entre 2011 y 2019, según la Contraloría. Dos tercios de esta alza son por la gratuidad.

– $ 2,8 billones se habrían gastado en 2020 si se hubiese implementado la gratuidad universal.

– $ 200 mil millones por año aumentaría el gasto fiscal si las cuatro instituciones de educación superior con mayor matrícula se adscribieran a la gratuidad.

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Descarga aquí el análisis sobre los efectos de la gratuidad en la educación superior.