La exigencia de tener al menos 30% de su oferta de posgrado acreditada tendría este efecto. La Comisión, en tanto, dice estar al tanto de las proyecciones y considerarlas como insumo.
Por V. González
Las cifras en torno a la propuesta que la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) presentó para establecer nuevos criterios y estándares en los procesos de acreditación de planteles y programas solo han escalado.
Si la semana pasada el académico José Joaquín Brunner advertía una “pesadilla kafkiana”, el viernes fue aún más duro. “Un fiasco”, escribió en su columna.
Un análisis de Acción Educar muestra que serían fundadas: al proyectar qué pasaría si la propuesta se aplicara, el panorama sería muy complejo. De 56 universidades, 40 no podrían acreditarse y quedarían bajo la supervisión del Consejo Nacional de Educación (CNED) al no cumplir uno de los criterios definidos como “críticos”: tener, a lo menos, el 30% de su oferta de posgrados acreditada.
Entre ellas hay instituciones estatales, del Consejo de Rectores y privadas que no pertenecen al conglomerado. Entre otros ejemplos, el estudios menciona casos como la U. Diego Portales, la U. Adolfo Ibáñez, la U. Tecnológica Metropolitana y la U. de Los Lagos.
Paradójicamente, entre ellas incluso hay planteles que destacan en otros aspectos considerados. La U. de Los Andes, por ejemplo, que tiene la mejor tasa de retención en primer año.
Una misma vara
Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, afirma que los resultados muestran que “son indicadores que no dan cuenta de la mejora, que tienden más a no aceptar la autonomía y diversidad que existe en nuestro sistema”. La exigencia de acreditación de posgrados, puntualiza, “no atiende a la trayectoria que tienen las instituciones. Hay algunas que son más nuevas, que claramente no pueden alcanzar todavía esos niveles”. A esto se sumaría -añade- que no todos los planteles tienen dentro de su vocación desarrollar con fuerza esta área, aún incipiente en el país.
La propuesta de la CNA introduce varios indicadores cuantitativos. Por ejemplo, tener el 65% de retención en primer año para lograr un estándar de cumplimiento mínimo en este ítem. “La CNA establece indicadores cuantitativos preestablecidos y para todas las instituciones por igual. Sin atender, en primer lugar, a las diferencias que existen entre ellas y entre los estudiantes que reciben o el contexto en que realizan sus quehaceres”, agrega la directora ejecutiva de Acción Educar.
El análisis aplicó indicadores usando datos de 2014 y 2019 para sondear si el sistema avanza o no hacia una mejora. En los cuatro aspectos observados, sí la hubo. “Tenemos que permitir ese desarrollo”, sostiene Vergara, quien enfatiza que se debe avanzar hacia modelos más similares a los del extranjero, en que se mide a cada institución respecto de sus propósitos y se les apoya.
“No es lógico”
Rectores enfatizan que es valorable que el tema aún no esté zanjado y que la CNA esté receptiva a observaciones, pero también son claros en señalar que la actual propuesta no responde a la realidad.
Ante los resultados del estudio, Claudio Elórtegui, rector de la Pontificia UC de Valparaíso, afirma que “no es lógico” pensar que instituciones de ese tipo queden en riesgo. A su juicio, si bien es positivo tener estándares más objetivos, estos no permitirían distinguir entre instituciones de características diversas.
“Es distinto un requisito de número de doctorados para una institución con mil profesores de jornada completa, a una que tiene 200. No se debiera colocar la misma vara”, ejemplifica.
Su par de la UC del Norte, Jorge Tabilo, añade que “un alumnos que entra con 750 puntos va a egresar en un tiempo muy cercano a la duración normal, pero con puntaje más bajo, se va a demorar más”. Enfatiza que las universidades regionales “contribuimos a la movilidad social, pero nos desempeñamos en contextos más desfavorables”.
“Aparentemente, lo que hay que hacer acá es tener muchos programas de doctorado, muchos alumnos… Está pensando en las instituciones más grandes”, cuestiona.
El presidente de la CNA, Hernán Burdiles, reitera que las observaciones “tiene fundamento y en consecuencia, hay que hacer cambios”. Ante las proyecciones de Acción Educar, asegura que “tenemos antecedentes, desde antes, y cifras de otras fuentes y otros estudiosos. Y sus eventuales impactos tienen una seriedad suficiente como para, primero, tomarlos muy en cuenta e incorporarlos como un ingrediente más que aporta a la necesaria modificación de las normas de preparación”.
“Eso es parte de la aproximación que respalda o justifica la consulta y el intercambio con instituciones, centros de estudios o agrupaciones de instituciones”, añade.