El Mercurio: Beneficiar a todos los planteles acreditados cuesta el doble de lo considerado para 2016
Por M. Toro y C. Said
“No es posible haber incrementado la gratuidad para absolutamente todas las universidades. Eso supondría un nivel de recursos superior a lo que de momento está recaudando la reforma tributaria”.
La compleja calculadora que debe usar para cada anuncio volvió a aparecer el jueves para el ministro de Educación, Nicolás Eyzaguirre, cuando explicó por qué se eligió a un grupo acotado de instituciones para dar inicio a la gratuidad el próximo año.
Y es que el no pago de los jóvenes del 60% más vulnerable de universidades del Consejo de Rectores, o CFT e IP acreditados y sin lucro implicará casi US$ 500 millones adicionales en el Presupuesto 2016. Ampliar ese beneficio a los alumnos de las mismas condiciones en todos los planteles acreditados (universidades privadas y más CFT e IP) implicaría US$ 1.064 millones.
Así lo establece el cálculo hecho por Acción Educar basado en los datos del propio Mineduc, la encuesta Casen y la Dirección de Presupuestos. Los datos arrojan que son 175 mil los estudiantes de las universidades privadas que están dentro del 60% más vulnerable, 17 mil más que los del Consejo de Rectores, pero que además tienen menor acceso a becas y créditos, porque muchos de ellos están restringidos para los planteles tradicionales.
Por lo mismo, hacer que estos jóvenes dejen de pagar en universidades como la Diego Portales, Alberto Hurtado o Católica Silva Henríquez implicaría en total US$ 366 millones adicionales a lo que hoy entrega el Estado en ayudas estudiantiles. Sumar a institutos y centros de formación técnica certificados y organizados como sociedades que pueden extraer ganancias implica, en tanto, US$ 390 millones.
Para Raúl Figueroa, director de Acción Educar, si bien es una buena medida la focalización de los recursos en los más vulnerables, el criterio para elegir a los planteles beneficiados debe ser corregido. “Sabemos que fuera del Consejo de Rectores hay universidades con mejor acreditación y si se quiere partir focalizando a los más vulnerables, habría que haber tomado requisitos objetivos como un cierto nivel acreditación”, comenta.
Agrega que si se quiere llegar a la gratuidad universal solo en el grupo de instituciones ya elegidas, esto costará US$ 1.245 millones adicionales, mientras que sumar a todos los estudiantes de planteles acreditados implicaría US$ 2.627 millones. Un monto que equivale al presupuesto de toda la Carrera Docente.
Por esto, más que insistir en financiar la educación de los jóvenes que tienen más recursos, cree que se debería avanzar en gratuidad al 70% más vulnerable y dar créditos estatales con buenas condiciones a quienes vienen de las familias que tienen mayores ingresos.
“La reforma educacional tiene que ser a un ritmo coherente, no queremos dejar atrás un activo fundamental que tenemos, finanzas públicas sanas”. RODRIGO VALDÉS, Ministro de Hacienda, consultado sobre si alcanzan los recursos para la reforma.
Solo 8 de los 101 CFT e IP podrán optar al beneficio
En el país existen 101 centros de formación técnica e institutos profesionales, en los cuales estudia cerca de medio millón de jóvenes. Pero de estos recintos, solo 16 son fundaciones o corporaciones -el resto son sociedades, lo que está permitido-, siendo las únicas que cumplen el requisito de no tener lucro para optar a la gratuidad.
Pero una segunda exigencia es la de estar acreditados. Así, solo ocho recintos podrán optar finalmente al beneficio, los que en total cuentan con cerca de 60 mil jóvenes del 60% más vulnerable del país.
De estos establecimientos, el más grande es el DUOC UC -en su versión de CFT e IP-, que pose 88 mil alumnos. Otros recintos son el Instituto de Estudios Bancarios Guillermo Subercaseaux, el Instituto Nacional del Fútbol, el Instituto Agrario Adolfo Matthei y el CFT Fontanar (con 140 alumnos).
Por lo tanto, quedan fuera instituciones como los IP La Araucana, AIEP y Los Leones (que suman 116 mil jóvenes) y los CFT Santo Tomás e Inacap (con 86 mil estudiantes).
El rector de este último plantel y presidente de Vertebral -entidad que agrupa a estas instituciones-, Gonzalo Vargas, dice que el criterio para determinar cuándo una institución tiene lucro es complejo, “porque puede haber varios planteles constituidos como sociedades que no lucran”.
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