Por: Valentina González.
Mientras los recintos dicen que buscan apoyar a sus alumnos, subsecretario de Educación Superior acota que sería ‘un esfuerzo fiscal importante’ y que, probablemente, ‘nos lleve a dejar de financiar otras iniciativas’.Hoy existen 53 planteles de educación superior adscritos a la gratuidad y son US$ 1.300 millones los que el Estado destina a dicha política. El próximo año, ambas cifras podrían crecer pues cinco instituciones pidieron sumarse.
Se trata de la U. Mayor, la U. Bernardo O’Higgins, el CFT Santo Tomás, el CFT Lota Arauco y el IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago, las que, según el Ministerio de Educación, al año pasado sumaban un total de 64.807 estudiantes.
Si sus peticiones son aceptadas -tras un análisis del ministerio-, los planteles tendrán gratuidad a partir de 2021. Una noticia importante para miles de jóvenes que estudian en ellas o piensan elegirlas. Pero también es un factor que tensiona las ya estresadas finanzas del Estado.
‘La eventual incorporación de cinco nuevas instituciones implica un aumento del gasto fiscal de aproximadamente US$ 47 millones para el próximo año. Esto significa un esfuerzo fiscal importante en un contexto complejo como el que estamos viviendo, que probablemente nos lleve a dejar de financiar otras iniciativas’, señala el subsecretario de Educación Superior, Juan Eduardo Vargas.
¿Momento de revisar?
A juicio de Magdalena Vergara, directora ejecutiva de Acción Educar, en las circunstancias actuales ‘vale la pena replantearse’ las vías de financiamiento y explorar fórmulas más sustentables. Por ejemplo, propone, mejores créditos, que permitan una recuperación al menos parcial de lo que fue invertido por el Estado.
Lo anterior, añade, pues la gratuidad ‘es una bolsa sin fondo, de alguna manera. Siempre va a demandar mayores costos, dado el crecimiento del sistema de educación superior, y no permite avanzar hacia otras alternativas’.
Para la abogada, es probable que más instituciones se interesen en adscribir a la política por ‘los incentivos al no pago que se producen, y creo que un ejemplo es el riesgo que ven en el proyecto de ley que se está discutiendo sobre los aranceles’. Señala que eso generaría una mayor tensión en un momento en que el Estado enfrenta nuevas urgencias, como la salud y las pensiones.
Según estimaciones de Acción Educar, en base a datos del Mineduc referentes a 2018, el 60,8% de los alumnos de los planteles que están solicitando ingresar a la gratuidad calificaría para el beneficio. Los más favorecidos serían, según esa proyección, los estudiantes del CFT Santo Tomás, que tiene la matrícula más numerosa entre esos planteles. Según los cálculos, el 69,8%, equivalente a unos 26 mil jóvenes, tendría la condición socioeconómica requerida para estudiar gratis.
Buscan dar opciones
Los planteles que presentaron su solicitud a la Subsecretaría de Educación Superior buscan, según argumentan, entregar la alternativa en vista de que una fracción relevante de su alumnado tiene una alta vulnerabilidad.
Así como el rector de la U. Mayor, Rubén Covarrubias, dijo que era un acto de ‘realismo puro’, su par de la U. Bernardo O’Higgins, Claudio Ruff, planteó que se consideró ‘la realidad de nuestra comunidad’.
Ambos planteles estimaron en 55% y 68%, respectivamente, la fracción de sus alumnos que se favorecería con la política.
En el IP Escuela de Contadores Auditores de Santiago, el rector, Rodrigo Cerón, afirma que dieron el paso ‘porque los estudiantes necesitaban el apoyo. Tenemos prácticamente 50% de chicos con alta vulnerabilidad’.
Con la pandemia, afirma, esta situación se ha agudizado, pues ‘al quedar sin trabajo sus apoderados, la renta familiar baja’. Como otras instituciones, afirma, han activado becas y otros mecanismos de apoyo. ‘Hemos llevado nuestros estados (financieros) prácticamente a pérdida, para que los chicos puedan seguir estudiando’, dice Cerón. Y proyecta que el año cerrará ‘rojo para todos; esperamos que sea más bien morado, pero va a haber mucho aumento de la morosidad’.
El rector del CFT Lota Arauco, Patricio Pérez estima que cerca de 1.500 alumnos se podrían ver beneficiados. Hoy, explica, cerca del 90% tiene algún tipo de beneficio estatal. La institución nació con el apoyo de la U. de Concepción y la Corporación de Fomento de la Producción, para dar opciones de reconversión laboral tras el cierre de las minas de carbón.
‘A las instituciones técnicas les conviene mucho la gratuidad, porque trabajamos en un segmento en que cuesta mucho pagar los estudios’, dice Pérez.
‘El Mercurio’ contactó al CFT Santo Tomás para abordar este tema, pero el plantel declinó participar.
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