Algunas agrupaciones insisten en que el articulado que postula el borrador de nueva Constitución no se ajusta a lo que indican tratados internacionales.
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Ayer, luego de que fueran rechazadas en el pleno de la Convención Constitucional varias indicaciones en materia de educación que apuntaban a este derecho de los padres, volvieron a ser votadas en la comisión de Derechos fundamentales, donde otra vez fueron rechazadas.
La definición sigue generando dudas entre agrupaciones, las que apuntan que no se apega a lo que el país ha suscrito en tratados internacional, y que podría caer en ambigüedades a futuro.
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, plantea que “se mantiene la preocupación” por la redacción del articulado, considerando que “la expresión elegir el tipo de educación sigue siendo muy insuficiente, cuando el estándar internacional es elegir escuelas expresamente distintas a los proyectos estatales”.
Además, dice que “preocupan muchas otras cosas. Me da la impresión de que es un articulado con muchos amarres y trampas, como que no es transparente con lo que quiere decir”. Así, opina que lo que hay detrás del texto es la idea de que el Estado va a controlar absolutamente todas las dimensiones de la educación, y que la educación privada es una excepción muy menor, cuando el sistema es mayoritariamente privado, tanto a nivel escolar como en educación superior”.
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