El Mercurio: Desmunicipalización; expertos abren debate sobre modificar la ley y extender los plazos

• 12 de Abril, 2021

Los especialistas reiteran que la mala gestión de los municipios ha retrasado el proceso y plantean que deben evaluar la ley detalladamente para corregir las fallas.

Por Manuel Hernández

El proceso de traspasos de los colegios municipales a los Servicios Locales de Educación (SLE) es complejo y debe evaluarse. Así lo aseguran distintos expertos, luego de que ayer “El Mercurio” publicara un informe que elaboró el Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública para comunicar sobre la puesta en marcha de la desmunicipalización de los distintos recintos, que involucran a 185 mil escolares.

Según el informe, la tramitación se complejiza por la “mala gestión” de los municipios. En eso coincide la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, quien afirma que precisamente por eso se ha “ralentizado” el proceso, y explica que “en la medida que (el proceso) se haga lo más correcto posible, el servicio local va a poder actuar y no traspasar los vicios que puedan venir de los municipios y pueda comenzar también en cómo mejorar las competencias y la calidad de esos propios colegios”. Aún con eso, la integrante del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública agrega que la complejidad del proceso “requiere una gestión y tiempo para que se haga lo más correcto posible”.

El informe también detallaba que existía un problema de sobredotación de los funcionarios que heredaban los SLE. Frente a eso, Vergara detalla que podrían evaluarse cambios a la Ley 21.040 que crea el Sistema de Educación Pública, donde “el Presidente tiene las facultades para hacer los cambios legales necesarios” y añade que para evitar esto “se debe buscar aquellas medidas que lo impidan, sobre todo si esto se provoca por la mala gestión de los municipios, que en el fondo incorporen a mayores personas solo por el hecho del traslado”.

Coincide el académico de la U. Diego Portales, José Joaquín Brunner, quien sostiene que las necesidades de personal “debieran ser definidas por los SLE, que son los que de ahora en adelante van a administrar la educación y que son los que tienen que determinar cuáles son sus propios requerimientos”. Y añade que por eso “hay que sentarse y seriamente discutir qué reforma requiere la ley para no seguir hacia el futuro, porque sí hay ciertos problemas que genera la propia ley”.

Susana Claro, académica de la Facultad de Gobierno UC, indica que cuando se aprobó esta ley “se priorizaron tiempos políticos y no tiempos pedagógicos”. En ese sentido, la exconsejera del Consejo de Evaluación del Sistema de Educación Pública sostiene que “el tiempo que requería hacer estos traspasos con cuidado, si queríamos asegurar realmente que los SLE iban a recibir a los niños, niñas y jóvenes preparados con una educación realmente mejor a la que estaban recibiendo antes, tenían que prepararse mejor”. Por eso, sobre extender el calendario desde 2025 a 2030 considera que “sería bueno poder consolidar lo que hay en vez de seguir haciéndolo a la rápida”.

Brunner es más categórico, y reafirma que “lo lógico sería, desde ya, prolongar esto hasta el 2030 por lo menos”, para evaluar en detalle cada SLE.

En tanto, la directora ejecutiva de Educación 2020, Alejandra Arratia, enfatiza que “nos parece una buena noticia que no se recomiende posponer los plazos”. Agrega que “esta es una reforma que se hizo porque la educación pública no podía seguir esperando, es una prioridad país y es deber de los gobiernos empujar y asegurar su avance”. Y destaca otros desafíos, como fortalecer el apoyo pedagógico y promover el trabajo entre escuelas para “dar un salto cualitativo en la calidad” en la educación pública.

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