El Mercurio: Mundo político y académico urge solución para alumnos tras dictamen de la Contraloría

• 28 de Junio, 2019

Mineduc y rectores conformarán mesa para abordar el problema. Parlamentarios esperan que el contralor reconsidere el caso, pero no descartan corregir la situación con una ley corta.

Por V. González, J. Herrera, P. Miranda y J. Soto

Temas no faltaban. En la reunión del Consejo de Rectores (CRUCh) realizada ayer en Temuco debían abordarse los cambios a los ramos de 3º y 4º medio y la necesidad de potenciar el deporte. Pero quienes participaron en el encuentro dicen que las consecuencias del dictamen de Contraloría acerca de la gratuidad comenzaron temprano y no pararon.

El ente fiscalizador zanjó, ante una consulta del Mineduc, que las universidades podrán cobrar el arancel regulado completo a los alumnos que tenían gratuidad y la perdieron por atrasarse en su carrera. Esto, ya que la Ley de Presupuestos de este año no consideró la aplicación del artículo 108 de la reforma a la educación superior, que establece la opción de que estos jóvenes puedan acogerse a una rebaja.

Hasta ahora, las instituciones les cobraban hasta la mitad de la mensualidad, pero ahora el cambio les afecta directamente en los pagos que realizan.

En la reunión también estaba el jefe de Educación Superior (Divesup), Juan Eduardo Vargas, quien consultó al ministerio -que atendía otra urgencia y negociaba con el Colegio de Profesores- cómo procederían.

Cifras preliminares del Mineduc estimaron en marzo que cerca de 27 mil jóvenes perderían el beneficio por este motivo, y hasta la fecha, el CRUCh ha contado unos 11 mil casos. El año pasado, cuando el Consejo alertó sobre las dificultades financieras que les traería hacerse cargo de la mitad del arancel, se proyectó que 18.125 jóvenes no podrían titularse a tiempo. Una situación que afectaría, sobre todo, a la U. de Santiago, la U. de Chile y la U. del Bío-Bío.

¿Quién responde?

‘El error es del Mineduc y la Dirección de Presupuestos’, afirma el rector de la U. de Valparaíso y vicepresidente del CRUCh, Aldo Valle, quien añade que ahora corresponde ‘que el Gobierno rectifique y evite este perjuicio que les está causando a las instituciones, porque se trata de un gravamen injusto, un empobrecimiento sin causa para las universidades’.

Ante este cambio, enfatiza, el costo no puede ser asumido por los alumnos: ‘La responsabilidad no es de los estudiantes ni de las universidades’.

Carlos Peña, rector de la U. Diego Portales, sostiene que la decisión de Contraloría ‘prueba que, durante este año, el sistema universitario ha estado preso de un error de grandes proporciones, que perjudica a los estudiantes y las instituciones y que es imprescindible remediar’.

Existió una ‘interpretación porfiada’, dice Peña y ‘lo correcto y eficiente -estoy seguro de que todos estarán de acuerdo- es que el coste de este error recaiga en quien lo cometió: el Estado’.

Con todo, la sensación entre los directivos es que están contra el tiempo. ‘No podemos seguir esperando, ya estamos a mitad de año’, asegura Ignacio Sánchez, rector de la UC, quien dice que modificar abruptamente los cobros a los estudiantes no sería apropiado.

Óscar Galindo, rector de la U. Austral, asegura que los alumnos ‘deben tener tranquilidad, en el sentido de que ellos ya suscribieron sus pagarés y contratos, que bajo ninguna circunstancia deberían ser modificados’.

Y si bien esperan que no existan cambios para los estudiantes, sí esperan una modificación para las instituciones. Para los rectores del CRUCh, lo justo sería recuperar lo que, durante este año, ellos ya han asumido respecto de estos casos.

‘Esperamos el monto que para las universidades significa no recibir ese 50% del arancel de estos estudiantes, que llegue por la vía de una transferencia del Gobierno, a lo mejor en una beca o un aporte basal, pero que compense el costo que hemos asumido’, afirma el rector de la U. Santa María, Darcy Fuenzalida.

Entre las certezas que hay hasta ahora está la creación de una mesa entre el CRUCh y el Mineduc, para ‘abordar las implicaciones del dictamen y trabajar una posible solución’, explica el jefe de la Divesup.

Además, el Mineduc pedirá una reconsideración a Contraloría. Ante las dudas que persisten y el encendido debate que abrió el dictamen, la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara, plantea que ‘aquí hubo una interpretación mal hecha por todas las partes, no podemos hablar de culpas’.

A diferencia de los rectores, la abogada afirma que ‘no me parece que sea el Estado el que tenga que poner los fondos. El Mineduc fue súper claro en que no existen recursos para hacerse cargo de esto’. Ante la necesidad de buscar soluciones, dice que ‘es posible exigirles a los estudiantes que se hagan cargo del pago total. Tampoco vamos a estar hablando de un monto muy significativo para su endeudamiento, pero creo que hay que dar ciertas facilidades’. Así, Vergara postula que se podría solicitar a las instituciones que entreguen ciertas becas.

Parlamentarios fijan posición

Conocido el dictamen, parlamentarios de todos los sectores se apresuraron a estudiarlo detenidamente, luego de lo cual el mensaje fue plantear la necesidad de buscar con urgencia una solución. Entre los legisladores que revisaron la partida de Educación existió consenso en apelar a que el contralor tome en cuenta la reconsideración, y evitaron señalar una falencia en la norma aprobada transversalmente, apuntando más bien a una interpretación arbitraria de Bermúdez. Eso sí, al final del día no había acuerdo sobre cómo resolver el tema.

‘Hay una mala interpretación de Contraloría respecto de las obligaciones que impone la reforma. Espero que eso se tome en cuenta para que los estudiantes no se vean forzados a pagar el arancel’, expresó el diputado Giorgio Jackson (RD), quien presidió la instancia.

Solución legislativa

De no subsanarse el problema, Jackson propone una ley exprés que confirme el beneficio, postura que secunda el presidente del Senado, Jaime Quintana (PPD). ‘Se trata de una situación arbitraria que jamás estuvo en el espíritu de la glosa que aprobó el Congreso. Entiendo que el Gobierno presentará una reconsideración. De fracasar eso, el Senado está absolutamente abierto para solucionar el problema con sentido de urgencia, mediante una ley’, señaló el parlamentario PPD.

Otros senadores, como Juan Ignacio Latorre (RD), plantearon que se permita a las universidades usar los excedentes del Fondo Solidario para financiar a los estudiantes retrasados.

Desde Chile Vamos, la senadora Ena von Baer (UDI) manifiesta la necesidad de ‘formar una mesa de trabajo para solucionar el problema que dejó el gobierno anterior, con una ley corta’. Así, propuso fórmulas como ‘el aumento de créditos, porque lo que uno tiene que establecer es que no seamos Argentina y que haya incentivos para que los estudiantes egresen y que las universidades no queden desfinanciadas’.

En RN, su par José García Ruminot llama a apoyar prontamente a las universidades, pero también a los alumnos, puesto que ‘el servicio educacional ya fue prestado y los costos en que se incurrió ya están hechos’.

Consultado por ‘El Mercurio’, el contralor Jorge Bermúdez señala que ‘la decisión de la Contraloría está basada en un análisis exhaustivo de la normativa aplicable en esta materia y así fue claramente expuesto en el dictamen’.

Qué resolvió el dictamen

La ley La reforma a la educación superior establece que la gratuidad cubrirá solo la duración formal de la carrera. Si un estudiante se atrasa en obtener su título, pierde el beneficio.

Menor arancel Sin embargo, la norma -que se promulgó en mayo de 2018- estipula que a los alumnos que perdieron la gratuidad por no sacar la carrera a tiempo solo se les podrá cobrar hasta el 50% del arancel regulado. Esto, porque se buscó resguardar su contexto de vulnerabilidad. Así, las universidades deben financiar el 50% restante.

Dictamen La Contraloría señaló que este año, a quienes obtuvieron la gratuidad en 2016, 2017 y 2018, no se les puede aplicar la rebaja de arancel. Es decir, las universidades pueden cobrar hasta el 100% del arancel regulado.

Motivos Esta decisión se basa principalmente en que en la Ley de Presupuestos de 2019 no se estableció que los alumnos serían beneficiarios de dicha rebaja. ‘Por expresa disposición del legislador, durante el presente ejercicio presupuestario, a los alumnos que accedieron a la gratuidad en 2016, 2017 y 2018 no les resulta aplicable la ley’ de educación superior, estipula el dictamen.

Extensión Como la Ley de Presupuestos comenzó a regir el 1 de enero de este año, el cobro del 100% del arancel regulado puede ser retroactivo. Es decir, las universidades podrían pedir a los estudiantes que cancelen la diferencia de las mensualidades que no se cobraron en un primer momento.

FECh acusa que ‘cambio en las reglas del juego’ genera incertidumbre a estudiantes

La preocupación también está instalada en el alumnado luego de conocerse el dictamen de la Contraloría.

‘Aquí hay un cambio en las reglas del juego, que genera mucha incertidumbre y perjuicio a los estudiantes’, cuestiona Emilia Schneider, quien encabeza la mesa interina de la Federación de Estudiantes de la U. de Chile (FECh).

Respecto del escenario que abre el dictamen, ahonda: ‘Vemos nuevamente cómo el sistema entra en crisis y deja a muchas familias y estudiantes desprotegidos y sus aspiraciones en la educación, decepcionadas’.

Schneider enfatiza que este no es el primer inconveniente que se genera en torno a la implementación de la política de gratuidad.

‘Creemos que, en realidad, hay un problema de fondo’, advierte,

A su juicio, la gratuidad fue ‘mal implementada, vía voucher, desde el primer momento. Seguía una lógica de beca y no de financiamiento basal a las instituciones, como se había reclamado’.

Las versiones del oficialismo y la oposición respecto del origen de la controversia

El párrafo de la Ley de Presupuestos 2019 al que apeló el contralor Jorge Bermúdez para justificar su dictamen se encontraba en el proyecto original del Ejecutivo, y terminó siendo parte del informe de la comisión mixta, que tuvo aprobación transversal en ambas cámaras.

La redacción señalaba que los estudiantes beneficiados en años anteriores mantendrían ese estatus, según -entre algunos criterios- las disposiciones de los artículos 105, 106, 107 y 109 de la Ley 21.091. Lo que el Gobierno justificó ante Contraloría fue que se debían fijar restricciones para los estudiantes cuyas instituciones se retiraran de la gratuidad.

La omisión en esta norma del artículo 108 -que consagra que los alumnos con gratuidad que excedan la duración de sus carreras puedan optar a un 50% del beneficio- fue el argumento que dio Bermúdez en su dictamen para indicar que las universidades podrán cobrar el arancel restante completo a alumnos que perdieron la gratuidad por atrasarse en sus carreras.

Varios legisladores que participaron en el trámite de la ley abordaron ayer el origen de la controversia y los términos en que, a su juicio, fue aprobada la normativa.

‘Siempre se le trata de echar la culpa al Parlamento. Si se podría aplicar la rebaja por la mitad, no recuerdo que lo hayamos discutido’, dijo el senador Carlos Montes (PS), mientras que su par Ena von Baer (UDI) se limitó a señalar: ‘El contralor tiene una interpretación, y nosotros otra’.

Además, Montes apuntó al Ejecutivo. ‘Probablemente esto venía mal en su proyecto. El tema central era qué pasaba con este año adicional. La comisión mixta legisló que las universidades del CRUCh podrían aplicar los excedentes del Fondo Solidario para pagar esta diferencia’, dijo.

El parlamentario sostuvo que la senadora Yasna Provoste (DC) impulsó en la comisión mixta una indicación -aprobada por la oposición en esa etapa, y en la sala de ambas cámaras- en que se autorizaba a los planteles a reinvertir hasta un 30% de esos excedentes en, entre otros ítems, ‘becas o créditos para estudiantes regulares’.

Según consta en el acta de la comisión mixta, el senador José García Ruminot (RN) estimó que la propuesta era inadmisible por corresponder a un asunto propio de la administración financiera del Estado, lo que fue respaldado por el ministro de Hacienda, Felipe Larraín. ‘Entonces el oficialismo fue al Tribunal Constitucional y el TC dijo que no teníamos facultad’, añadió Montes, aludiendo al fallo del TC que dio la razón a un recurso de Chile Vamos.

Sin embargo, quienes participaron de la tramitación recuerdan que la enmienda fue solicitada por el Consejo de Rectores y apuntaba, más que a la situación de los estudiantes, a las brechas financieras que la gratuidad les estaba generando a las universidades, principalmente por el pago de un menor arancel que el que ellas cobran. Con todo, en un protocolo entre Hacienda y los jefes de comité del Senado se acordó una mesa técnica para solucionar el tema, que emitiría sus conclusiones el 31 de mayo, lo que, según señalan en la oposición, no se ha concretado.

En contraparte, desde el oficialismo responsabilizaron a la centroizquierda, en particular al exministro Nicolás Eyzaguirre (Segpres). ‘Le dijimos a Eyzaguirre cuando se discutió el proyecto que esto iba a generar un desfinanciamiento de las universidades y no fue posible encontrar un fórmula diferente con él. Hay que encontrar una, pero la de Eyzaguirre es la peor de todas’, señaló la senadora Von Baer.

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