Especialistas cuestionan que “debilita” la institucionalidad del instrumento extender su voluntariedad, mientras trabajadores de la educación valoran la iniciativa.
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El martes y ayer continuó la discusión del proyecto de “ley miscelánea” que presentó el Ministerio de Educación la semana pasada, a la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados. La iniciativa busca abordar distintos aspectos del sistema educativo, mientras se preparan reformas para modificar los plazos de la desmunicipalización y la evaluación docente.
El proyecto plantea, entre otros, postergar en un año el traspaso de los seis Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que debían comenzar su instalación este año. Por otro lado, considera suspender la evaluación docente de 2022 y 2023, al igual como ocurrió en los primeros dos años de pandemia, y hacerla voluntaria para quienes quieran rendirla.
La postergación de la ley 21.040, más conocida como “desmunicipalización” genera consenso, ya que trabajadores de la educación reclaman una “masacre laboral” de seguir con la implementación de la ley tal cual está, pues aseguran dejaría a cientos de funcionarios sin empleo. Asimismo, especialistas valoran que haya más plazo para su implementación en medio de los problemas detectados en los 11 SLEP que están funcionando.
Por el contrario, la suspensión de la obligatoriedad de la evaluación docente ha generado debate: especialistas reclaman que no se justifica su traspaso, y que hay una influencia del Magisterio en el Mineduc.
“Es evidente que detrás hay una clara agenda gremial del Colegio de Profesores, que es totalmente excesiva y fuera de toda razonabilidad”, critica Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, quien expuso el martes ante la comisión. “No se justifica la suspensión de la evaluación porque no hay un problema que esté impidiendo la operación del sistema, sino que es una concesión política a una agenda gremial, y me parece muy delicado que el Gobierno tenga que plegarse a eso”, afirma.
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