El Mercurio: Universidad Central tendrá gratuidad este año y unos 4.400 estudiantes podrán optar al beneficio

Especialistas insisten en que se perjudicó a la institución, porque no alcanzó a promocionar esta política para atraer nuevos postulantes.

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En marzo del año pasado, la Universidad Central y la Universidad de Las Américas postularon ante el Ministerio de Educación su ingreso a la gratuidad, política que permite a estudiantes de familias pertenecientes al 60% más vulnerable de la población poder estudiar en la educación superior sin pagar matrícula ni aranceles.

No obstante, ambas postulaciones fueron rechazadas por la cartera, por lo que a mediados de 2022 estas instituciones hicieron público su malestar, y defendiendo que cumplían con todos los requisitos para incorporarse a la política estatal. En esa instancia, de hecho, solicitaron “igualdad de trato” con las instituciones estatales, ya que académicos plantearon que la cartera discriminó por tratarse de planteles privados.

En ese contexto, la UCEN pidió a la Contraloría General de la República que se pronunciara, y el organismo le dio la razón los últimos días del año pasado. En su resolución, detalló que la universidad “si cumple con los requisitos”, por lo que el repetitivo rechazo del Mineduc no se justificó, y solicitó dejar sin efecto la resolución que denegaba el acceso a la gratuidad a la casa de estudios.

Evaluación

Dos semanas después del pronunciamiento de Contraloría, la Subsecretaría de Educación Superior comunicó que tras el dictamen “este Ministerio dará cumplimiento a lo dispuesto por esa entidad fiscalizadora, efectuando los actos necesarios para otorgar el acceso a la gratuidad a la Universidad Central durante 2023”.

Año perdido

Sin embargo, pese a la resolución a favor de la universidad, las instancias por las que tuvo que pasar, entre la postulación y al menos dos apelaciones, provocaron que el plantel finalmente no pudiese acceder a la gratuidad antes del proceso de Admisión 2023, lo que, según plantean especialistas, la perjudicó al momento de captar nuevos postulantes.

Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, plantea que “el hecho de que la Contraloría le haya tomado un mes resolver positivamente algo que el Ministerio estuvo negando durante siete meses muestra, en el mejor de los casos, una ineficiencia preocupante”.

Añade que, por otro lado, “en el peor de los casos, se infiere que la Subsecretaría hizo todo lo posible para evitar que más alumnos de universidades privadas accedan a la gratuidad”.

Asimismo, estima que “el perjuicio a la UCEN es incalculable”, ya que “hay un daño reputacional evidente que el Mineduc, en su incomprensión del sector, no logra entender”. Rodríguez también señala que “es muy probable que de haber tenido confirmada la gratuidad antes de la admisión, muchos estudiantes talentosos y vulnerables la hubiesen preferido por sobre otras. Ese daño no puede ser determinado, pero debiera ser indemnizado. Todo por responsabilidad de la dejación o el sesgo ideológico del Ministerio, ambos graves”.

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