Recuperar a aquellos estudiantes que abandonaron el colegio durante la pandemia es uno de los ejes del Plan de Reactivación Educativa del Gobierno.
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La reactivación educativa ha estado en el centro del debate después de la pandemia debido al grave impacto que produjo el cierre de las escuelas en los aprendizajes de los alumnos. Además de lagunas en el conocimiento y el retraso en procesos clave como la lectoescritura, la interrupción de las clases presenciales también repercutió en que muchos alumnos desertaran del colegio o estén a punto de hacerlo.
Para enfrentar esta situación, que es descrita por algunos como un “terremoto educativo”, el Ejecutivo lanzó a principios de este año un “Plan de Reactivación Educativa”.
Uno de sus ejes era el de “Asistencia y Revinculación”, que establecía una medida de gran importancia: contratar a 1.300 “revinculadores”, cuya principal tarea fuera recuperar a los alumnos que habían desertado o estuvieran en riesgo de hacerlo, y los revincularan con sus establecimientos.
Para esto, en la Ley de Presupuesto de 2023 se creó un fondo de $9.567 millones, con el fin de transferir recursos a los sostenedores de la educación pública –municipalidades, corporaciones y Servicios Locales de Educación– para que contrataran a estos “revinculadores”.
A algunos sostenedores solo les alcanza para contratar un funcionario
Un análisis realizado por Acción Educar indica que en la mitad de las comunas que solicitaron recursos para ese fin, el monto que recibieron fue “insuficiente” para conformar un equipo que cumpliera esta tarea.
Según el informe, en la resolución del Ministerio de Educación que regula el uso de estos recursos se definen dos perfiles de personas para que desempeñen esta labor, especificando sus funciones y las remuneraciones que deben recibir. Un tipo son los “profesionales del equipo territorial”, encargados de generar y articular estrategias para revincular estudiantes. Deben ser profesionales del área educativa o social, y recibir una sueldo mensual de $1.300.000 brutos.
El segundo tipo corresponde a los “gestores territoriales”, que deben tener al menos la escolaridad completa y experiencia de trabajo en organizaciones sociales y familias. Para ellos se establece una remuneración mensual de $520.000 brutos.
El análisis de Acción Educar arroja que, de los 255 municipios o corporaciones municipales que este año solicitaron recursos para contratar revinculadores, 127 recibieron un monto que sería “insuficiente” para poder conformar un equipo que esté integrado al menos por un profesional y un gestor.
Indica que son municipios que recibieron $7,9 millones o menos cada uno, es decir, “menos de lo necesario para contratar un profesional por la totalidad de los meses restantes, desde que se transfirieron los recursos (mayo a diciembre)”, sino que “solo permiten la contratación de un trabajador no profesional”.
Por ejemplo, las comunas de Laguna Blanca, Navidad, Paihuano, Paredones, Portezuelo, Puerto Octay, Purranque, Río Negro, San Juan De La Costa y Trehuaco recibieron, en mayo de este año, $4,5 millones cada una, monto que solo les permite contratar un gestor (no profesional) por siete meses. A esto se suman 79 comunas recibieron incluso menos recursos. “Si bien se trata de comunas de baja población, esto no obsta que la deserción pueda ser un problema acuciante”, apunta el informe del centro de estudios.
En cambio, comunas como Estación Central, El Bosque, Valdivia, Chillán, Recoleta, La Pintana, Ovalle, Alto Hospicio, Los Ángeles, Santiago, Talca y Temuco recibieron entre $82.555.200 y $125.840.000. Estos montos mayores obedecen a que se trata de comunas urbanas con un mayor número de establecimientos. Estos recursos permiten conformar varias unidades, con al menos cuatro profesionales y equipos de entre 12 y 25 gestores.
A la luz de este análisis, el director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, afirma que “los recursos asignados a la reactivación son insuficientes, lo que se confirma con estos datos. Para la mayoría de los municipios no hay recursos suficientes para armar equipos de revinculación, y no hay certeza de que hayan sido siquiera contratados. Esto es alarmante, ya que los principales afectados son los estudiantes de nuestro país en el contexto actual de crisis educativa”. Por esto, sostiene que “el presupuesto 2024 debe aumentar los recursos para esto”, aunque al mismo tiempo aumentar “la transparencia y el seguimiento de los compromisos”.