Emol: “La gratuidad no es un premio”; Expertos critican propuesta de la UDI que busca quitar beneficio a quienes dañen liceos en toma

• 4 de Julio, 2018

Con respecto al proyecto de ley de incivilidades del Gobierno, no existe consenso sobre si los alumnos involucrados deben ser acusados de vandalismo y responder penalmente.

Por C. Ferrer

El incendio generado dentro de la toma del Liceo Amunátegui dejó daños avaluados en $336 millones. Los destrozos en la oficina del rector del Liceo de Aplicación terminaron con la detención de tres involucrados. El año pasado, los que ocurrieron dentro del Liceo 7 Bicentenario Teresa Prats motivaron a la Municipalidad de Santiago a emprender acciones legales contra las responsables y sus apoderadas.

El “Rompe Paga” ha sido, hasta ahora, la política promovida por el municipio, que ha debido enfrentar un alto número de tomas y, a menudo, los costos asociados a desmanes que suceden en su interior. Por eso es que han entrado al debate dos nuevas propuestas que pretenden desincentivar estas prácticas y erradicarlas.

La primera llegó a principios de junio, cuando el ministro del Interior, Andrés Chadwick, anunció nuevas medidas para combatir la delincuencia. En la oportunidad, presentó un nuevo proyecto de ley sobre incivilidades, que apuntaría a aplicar “tolerancia cero” a conductas que alteren la convivencia y faciliten la acción delictual en espacios públicos.

Este martes, el Presidente Sebastián Piñera afirmó que dicho proyecto incluirá los destrozos generados dentro de las instituciones educativas. “Dentro de la ley que combate las conductas antisociales, se va a establecer como una conducta antisocial que merece un castigo severo el destruir su propio establecimiento educacional”, aseguró.

En la oportunidad, también afirmó “compartir el fondo” de otra iniciativa que nació, esta vez, del diputado Javier Macaya (UDI): la de quitar el acceso a la gratuidad universitaria a los estudiantes que causen destrozos en sus colegios y sean declarados responsables de vandalismo.

La idea fue cuestionada por el propio ministro de Educación, Gerardo Varela. “Yo creo más en el diálogo (…) Efectivamente se trata de jóvenes, y parte de su proceso de educación es aprender a reclamar, a protestar de forma pacífica”, aseguró, acotando que “puede ser” que la idea del parlamentario UDI sea “extrema”.

Elegir “la vía de la educación”

Para el ex ministro de Educación de Ricardo Lagos, Sergio Bitar, desincentivar la práctica de generar daños se puede realizar a través de dos maneras distintas de inducir comportamientos: “por la vía de la represión o por la vía de la educación”.

Para él, quienes generan los destrozos son “un número pequeño de estudiantes” o “agentes externos al sistema educacional”.

“Por lo tanto, me inclino más por un proceso educativo, de investigar quiénes son, tomar medidas específicas en el campo de la persuasión y la educación, más que por el lado de la represión”, señala en conversación con Emol.

A su juicio, la represión “nos lleva de nuevo a una lógica que en vez de incentivar la innovación, la creación, la educación, y de aplaudir a los alumnos que lo hacen bien, se concentra en aquellos pocos que generan destrozos o desastres y que son la minoría”.

“Tiene que ver con la actitud humana frente al desarrollo de la personalidad y del futuro: ¿Quiero tener personas que sean más conscientes y más responsables de sus actos, o personas que estén más asustadas por lo que hacen? Personalmente, creo que el temor en la sociedad es malo”, asegura.

Los beneficios estudiantiles “no son un premio”

Un matiz distinto entrega Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, a quien le parece “razonable” que quienes dañen propiedad pública reciban la sanción “que corresponde por el ordenamiento jurídico”, aunque aclara que es necesario conocer más detalles de la propuesta del Gobierno.

“Es especialmente grave que alguien ataque un colegio público por una medida de fuerza, porque no solamente se está conculcando el derecho a la educación de sus compañeros, sino que además se está dañando la educación pública”, explica en conversación con Emol.

No obstante, tiene reparos con la idea del diputado UDI, la cual considera “incorrecta” y “fuera de foco” por “usar los beneficios estudiantiles para castigar conductas”. “Una política pública tiene un objetivo. El de la gratuidad, las becas y los créditos es ayudar a los estudiantes a acceder a la educación superior, no castigar o premiar, porque no son un premio ni tienen esa finalidad”, dice.

“El comportamiento delictual que ellos puedan tener, en el caso de que sean sorprendidos destruyendo propiedad del colegio, no debiera tener nada que ver con sus beneficios estudiantiles. Es mezclar peras con manzanas”, señala.

Aunque asegura que la organización no ha desarrollado una propuesta formal, se la juega por un enfoque comunitario. “La idea de comprometer a las comunidades en el cuidado de sus establecimientos me parece que es una vía más correcta. En el fondo, el camino es no validar la violencia como forma de diálogo ni como vía para impulsarlo”, acota.

Llegar “antes, y no después”

El investigador de Política Educativa de Educación 2020, Felipe Coloma, va un poco más allá. “La gratuidad es un derecho y no tiene sentido que por algunas conductas —que por supuesto que son muy condenables— puedan condicionarla, porque no es un premio. Es algo que ya está resguardado y que no puede depender de un factor como el que postula este proyecto”, señala a Emol.

Para él, es un comportamiento que debe cambiarse mediante una política que trate de “llegar antes, y no después”. “Por ejemplo, el que ahora se incluya la formación ciudadana en el currículum es una herramienta muy poderosa. Algunos de los contenidos a trabajar podrían ser cómo manifestarse forma adecuada o cómo resolver estos conflictos”, cuenta.

Se trata, a su juicio, de una opción “pedagógica”. “Ellos son estudiantes que están en las escuelas, y el rol fundamental de las escuelas es pedagógico, por lo que tienen que utilizar sus herramientas pedagógicas para abordar las problemáticas que enfrentan”.

“Con esta propuesta lo que quieres no es corregir una conducta, sino sencillamente sancionarla. Lo que estás haciendo es instaurar algo post conducta, en teoría para inhibirla, pero en ningún caso estás generando un proceso de reflexión en torno a cómo poder cambiarla y que sea diferente”, concluye.

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