Estudio: Efectos de una fórmula de financiamiento institucional de la gratuidad en educación superior
Durante el segundo semestre el gobierno se comprometió a enviar un proyecto de ley que busca instaurar en Chile un sistema de gratuidad universal en la educación superior.
Más allá del alto costo que tiene una política de gratuidad universal y de la mala focalización del gasto público que ésta significa al favorecer principalmente a jóvenes de familias de los quintiles más ricos de país, una política de este tipo implica además restricciones a la diversidad de proyectos y a la calidad de los mismos como consecuencia de la fijación de los aranceles por parte del Estado de las distintas carreras. Para hacerlo, según lo que ha adelantado el gobierno, se definirá una “universidad modelo” que regirá como referencia para establecer los costos de las distintas instituciones y se aplicará una fórmula común para fijar los precios de las carreras, fijando así el monto o subvención que el Estado le entregará a cada universidad para que ofrezca gratuidad a todos sus alumnos.
Para analizar los efectos que puede tener la definición de una fórmula para el cálculo de la subvención de gratuidad que cada universidad recibirá por parte del Estado, se definieron dos escenarios que se basan en la información de costos de las universidades estatales y privadas que pertenecen al Consejo de Rectores (CRUCH),que son las que con mayor probabilidad entrarían al sistema de gratuidad, y en características específicas de cada institución que el Ministerio de Educación ha dicho tomará en cuenta en la fórmula, tales como la vulnerabilidad de sus alumnos, su localización y su nivel de acreditación.
Dentro de los principales resultados del análisis, se puede indicar que cualquier fórmula que se utilice dejará a ciertas instituciones sin los recursos para financiar sus costos mínimos, afectando la calidad de su proyecto educativo. Varias de las universidades que quedarían sin los recursos para financiar sus costos mínimos de operación son universidades estatales y de calidad alta, medida en años de acreditación. Estas tendrían que adaptar su proyecto educativo a lo que sea posible de financiar con la fórmula específica.
El ejercicio se hizo sobre la base de dos escenarios cuyos resultados son similares. El primero arroja que en total 7 de las instituciones analizadas, no alcanzan a cubrir sus costos si se utiliza esta fórmula, lo que corresponde al 32% del total de instituciones. Las 7 instituciones aludidas son: Universidad de Talca (5 años acreditación), U. de la Frontera (5 años acreditación), U. de la Serena (4 años acreditación), Universidad de Antofagasta (4 años acreditación), Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (6 años acreditación), Universidad Católica del Norte (6 años) y U. Austral (6 años). Cabe hacer presente que, aunque se verán afectadas también por la aplicación de una fórmula, se excluyeron del análisis la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Concepción y la Universidad de Chile, atendida su particular estructura de costos que implica su alto nivel de investigación y la presencia de programas atípicos.
El segundo escenario arroja que seis universidades del CRUCH quedan en situación deficitaria, representando el 27% del total.
De esta manera se afectan gravemente los proyectos educativos y se deja desfinanciadas a varias universidades, entre ellas algunas de gran prestigio. Para establecer gratuidad universal se requiere necesariamente utilizar una fórmula común para la asignación de recursos, lo que siempre va a generar consecuencias arbitrarias, especialmente en un escenario como el chileno donde las instituciones son muy diversas. Las fórmulas son ciegas captando diferencias, solo establecen recursos de acuerdo a ciertos parámetros definidos, pero cualquier parámetro que no esté en la fórmula no se toma en cuenta y no se reflejará en la entrega de fondos. Por lo tanto, un sistema de financiamiento de este tipo va generando una homogeneización de los distintos proyectos educativos que hoy existen, restando diversidad al sistema, y se impone desde el Estado un techo de financiamiento para el desarrollo institucional, arriesgando de esta forma una baja en la calidad de la educación.
Ver noticia de La Tercera sobre estudio de Acción Educar.
