Golpe de gracia a la libertad de enseñanza
En los últimos días se filtró una nueva minuta del Ministerio de Educación donde se entregan detalles sobre las ideas del gobierno para el proyecto de reforma a la educación superior. A las complejidades del diseño que se ha ido anticipando, se agrega un aspecto específico que puede terminar siendo el golpe de gracia a la libertad de enseñanza y la diversidad de proyectos educativos.
Para mayor claridad, conviene recordar que la libertad de enseñanza comprende el derecho a abrir, organizar y mantener establecimientos educacionales, cuestión que nuestra Constitución asegura a todas las personas. Sucede que en la minuta que se dio a conocer recientemente por la autoridad se establece como requisito obligatorio para todas las universidades el que los miembros o asociados de una corporación universitaria sólo sean personas naturales, lo que implica desconocer respecto de las personas jurídicas la libertad que la carta fundamental también les asegura.
Existen en Chile diversas universidades cuyos proyectos dependen directamente de congregaciones u órdenes religiosas o bien de otras personas jurídicas ligadas a la educación e investigación que, de implementarse una norma como la propuesta, tendrían que desligarse absolutamente afectando la esencia de esos proyectos educativos. Lo anterior implica que muchas instituciones serían inviables tal como existen hoy.
La presencia de universidades variadas y diferentes entre sí, que transmiten el espíritu fundacional de quienes las crean y organizan son un reflejo de la pluralidad que también caracteriza a la sociedad; excluir a las organizaciones religiosas-o a cualquier otra que esté interesada en el cultivo del conocimiento y la transmisión de cultura- de la posibilidad de impulsar un proyecto educacional atenta contra uno de los fundamentos de una sociedad libre.
Esta situación preocupa en cuanto refleja un voluntarismo de la autoridad y un profundo desconocimiento de la realidad, toda vez que se trata de instituciones que realizan un gran aporte al país y cuentan con la preferencia de sus estudiantes. Se trata además de una intervención que atenta contra principios relevantes del sistema como la libertad de enseñanza y la diversidad, los que no pueden ser afectados sino, por el contrario, han de ser fortalecidos por el diseño de políticas públicas.
