La Tercera: Contraloría: 67% de los recursos fiscales para educación superior van a instituciones privadas
Para los expertos en educación superior, no es una sorpresa que la mayoría de los fondos fiscales destinados a este ítem vaya a instituciones privadas. Esto debido a la forma en que se distribuyen los recursos, que en un 71% son dirigidos a estudiantes mediante becas y créditos. De esta forma, los mayores aportes son a los alumnos que asisten a universidades, centros de formación técnica e institutos profesionales particulares.
En el informe sobre Financiamiento Fiscal a la Educación Superior, elaborado por la División de Análisis Contable de la Contraloría General de la República, se muestra que en 2014 el Estado destinó más de US$ 2.300 millones a la educación terciaria, esto es M$ 1.395.184.984. Este monto representa un incremento de 12,6% con respecto a lo invertido en 2013 (M$ 1.238.996.037).
El 71,7% de los aportes del Estado van a los estudiantes, M$ 1.000.994.905; y un 28,3% a las instituciones (M$ 394.190.079). Y del total de los fondos entregados por el Fisco a educación superior, el 67% es para planteles privados y sólo el 32,7% a las universidades estatales.
La diferencia está marcada por los montos que cada grupo recibe por concepto de becas y créditos. Así mientras los estudiantes de las 35 planteles privadas reciben M$ 312.473.374, las nueve privadas del Consejo de Rectores (Cruch) alcanzan M$ 211.104.564 y las 16 estatales reciben M$ 240.510.079.
¿Por qué se producen estas diferencias en los aportes? Para el director ejecutivo de Acción Educar, Raúl Figueroa, lo primero que se debe considerar es que “los estudiantes de las universidades privadas reciben un mayor porcentaje y es importante destacar que se trata de aportes destinados a ellos y que, por escoger determinadas universidades, terminan en planteles privados esos aportes”. Agregó que “eso para porque es un reflejo de la elección por esas universidades que han sido preferidas por un alto número de alumnos”.
Figueroa destacó que el hecho de que los estudiantes de centros privados reciban más ayudas, se debe a que pertenecen a grupos más vulnerables y es a ellos a donde no llegará el inicio de la gratuidad.
El jefe de la División de Educación Superior del Ministerio de Educación (Mineduc), Francisco Martínez, explicó que en el proyecto de ley de reforma a la educación superior, “se realizará un cambio estructural al sistema de financiamiento, donde las instituciones, cumpliendo algunos requisitos en los que destacan buenos niveles de calidad y transparencia, recibirán recursos directamente por concepto de gratuidad, y en los que se contempla el fortalecimiento de la educación pública”.
Distribución
En el documento de Contraloría se establece que si se consideran los aportes a estudiantes por plantel, se puede ver que los alumnos de la Universidad de Concepción son los más beneficiados (M$ 52.725.319), explicado por las becas de arancel y en segundo lugar el IP Duoc (M$ 44.411.409), por el Crédito con Aval del Estado (CAE).
En una situación inversa, considerando sólo las ues estatales, los alumnos de la Universidad de Magallanes son los que menos aportes reciben (M$ 4.626.234). El rector de ese último plantel, Juan Oyarzo, indicó que “podemos tener una menor cantidad de estudiantes que otras universidades, pero como acá en la región las familias tienen zona y por esto sueldos más altos, eso los hace quedar fuera de los más vulnerables y por ende de las becas.
Respecto al 32% de recursos que reciben las ues del Estado, el rector de la Universidad de Los Lagos, Oscar Garrido, dijo que “los datos son elocuentes al evidenciar con cifras concretas que el sistema de financiamiento orientado a becas y créditos a estudiantes se concentra fuertemente en las universidades privadas y también en la mayoría de las universidades privadas tradicionales del Cruch, superando con creces a las del Estado”.
Añadió que “esto explica la arremetida de las instituciones privadas al anuncio de la Presidenta de focalizar la gratuidad a los planteles del Cruch. No hay duda que con los actuales criterios de asignación de recursos fiscales, las más afectadas son las universidades estatales, de ahí la necesidad de generar un marco regulatorio para toda institución que reciba fondos fiscales”.
Uno de los planteles privados donde sus alumnos reciben altos aportes es la Universidad Santo Tomás. El rector, Jaime Vatter, indicó que “eso refleja la composición de los alumnos que tenemos y también recordar que en el CAE la institución avala al estudiante durante todo lo que dura su carrera para apoyar a esos alumnos”. Agregó que “mantenemos el argumento para ser incluidos en la gratuidad en que el beneficio tiene que ser al estudiante por las condiciones de vulnerabilidad y se debe corregir esa discriminación”.
Reacciones
Para el director del Centro de Estudios de Políticas y Prácticas en Educación (Ceppe), Andrés Bernasconi, lo que hoy ocurre es resultado de un sistema de financiamiento como el que tenemos desde 1981, que apunta a la demanda. “Pero que el financiamiento siga a los estudiantes es en cierto modo inevitable, porque aún en las universidades gratuitas los gobiernos asignan fondos a las instituciones considerando la matrícula que cada una tiene, no como criterio único, pero siempre como criterio dominante o al menos importante”.
En tanto, el rector de la Universidad Católica del Maule, Diego Durán indicó que se requiere una institucionalidad basada en acreditación, calidad y no lucro. Estas características, dijo, “no fueron consideradas en el modelo anterior y permitió un crecimiento desregulado”. Subrayó que “las consecuencias de ese modelo permite a muchos hoy, argumentar que en las universidades privadas fuera del Cruch está la mayor cantidad de estudiantes, lo que en términos absolutos es cierto, pero el valor o el número, no da cuenta de las características de las mismas y en ellas encontramos, por ejemplo, ues no acreditadas”.
La economista Claudia Sanhueza plateó que estos escenarios pueden cambiar cuando se implemente la gratuidad: “uno pensaría que el financiamiento a estudiantes debería bajar en el sentido de ajustarse porque los aranceles referenciales y reales reflejan más que el costo de la docencia y quizás para algunas universidades suba o disminuya”. Esto, dijo no significa que “vaya a bajar el financiamiento a la educación superior sino que además de docencia se entregarán fondos por ejemplo para investigación.
Para el rector de la Universidad Católica, Ignacio Sánchez, planteó que “el problema que queda por resolver, es cuál va a ser la respuesta del ministerio a los estudiantes que pertenezcan a instituciones que por diferentes razones no accedan a la política de gratuidad”. Afirmó que “se debe asegurar que los estudiantes vulnerables de esa instituciones puedan ser apoyados con créditos con bajas tasas de interés y atinentes a su ingreso, para ayudarles a solventar sus estudios”.
