La Tercera: Derecho a la educación: los ejes de la propuesta constitucional

El texto que redactaron los consejeros contiene cláusulas sobre el derecho a la educación y una amplia regulación de la libertad de enseñanza. Acá los puntos más emblemáticos sobre este tema y la mirada de algunos expertos sobre la pertinencia de las innovaciones realizadas en el órgano redactor.

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Una de las normas que será parte del debate de los derechos sociales incluidos en el texto constitucional es la que aborda toda la regulación constitucional sobre educación. En este tema la propuesta de nueva Constitución que redactó el Consejo tiene dos normas principales: la del derecho a la educación y la de la libertad de enseñanza.

A modo de comentario general, el académico de la Universidad Diego Portales, José Joaquín Brunner, no tiene una opinión positiva de lo conseguido en materia educativa.

“El texto propuesto se parece más a una ley general de educación que a los enunciados propios de una Carta Fundamental. Es retórico, repetitivo y, en ocasiones, confuso. Dará lugar a múltiples controversias interpretativas. Se quiso ponerle música de derechas a un tema que es de suyo controvertido y que requiere mesura y equilibrio, igual como el anterior texto producido por la Convención le puso música izquierdista”, afirma el exministro.

Uno de los puntos más polémicos de esta parte es lo que hace referencia al financiamiento del Estado por estudiante. Este es el mecanismo que tradicionalmente se ha conocido como “voucher por estudiante”.

Los republicanos para contrarrestar el tema del voucher, reconocieron en el texto a la educación pública y añadieron un artículo sobre aportes basales. “El Estado proveerá educación pública, pluralista y de calidad, a través de establecimientos propios en todos los niveles. El Estado garantizará el financiamiento de sus establecimientos de educación parvularia, básica y media. En cualquier caso, la ley podrá entregar financiamiento a sus instituciones de educación superior”, se lee en dicha norma.

Este punto es destacado por el director ejecutivo de Acción EducarDaniel Rodríguez: “Lo que hace este borrador es fijar ciertos criterios que tienen que ver con la razonabilidad, con la protección de la libertad de enseñanza y con la calidad, que me parecen buenos criterios y se pueden complementar en la ley, pero ya fijan un marco en que impiden hacer diferencias donde no las hay”.

El currículum escolar a la Constitución

Uno de los puntos conflictivos de la regulación de este derecho es el currículum de contenidos que debe establecer el Estado para los diferentes niveles educativos.

Brunner cree que “la mayor debilidad del texto es extender la libertad de enseñanza sin realismo ni contrapesos”. Para graficarlo, comenta lo del currículum: “Por ejemplo, la libertad para elegir contenidos curriculares hasta un 50% del total de materias está pensada para el 10% de las y los alumnos más privilegiados, dejando de lado las necesidades del 90% restante. Es absurdo consagrar esto en la Constitución”.

Rodríguez, en cambio, matiza el asunto y no considera que tenga consecuencias negativas. “No es una materia novedosa, y desde al menos 30 años que se regula al máximo nivel, por las implicancias que tiene para la libertad de enseñanza. Desde 1990 que leyes orgánicas constitucionales, la LOCE primero, la LGE después, regulan esta materia, limitando la intervención del Estado en el currículum escolar a un 70% del tiempo”, comenta.

¿Fin a los paros de profesores?

Una de las mayores innovaciones es el artículo que establece que es deber del Estado “garantizar la continuidad del servicio educativo en sus establecimientos educacionales”. Este artículo se pensó para evitar los paros de profesores.

“Esa norma apunta a abordar temas específicamente como el que estamos viendo hoy en Atacama, en que hay 30 mil niños que llevan más de dos meses sin clases. Una vez que está la norma debe pasarse a la ley y regularse a más detalles sobre cómo se va a consagrar esa disposición. Me parece que eso no atenta contra la posibilidad de los profesores de movilizarse, pero sí va a buscar una solución concreta”, plantea Rodríguez.

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