Por Daniel Rodríguez, investigador de Acción Educar.
Hay ciertas señales que parecen dibujar patrones en las acciones del Ministerio de Educación frente al aseguramiento de la calidad en educación escolar. Primero fue el aplazamiento de la entrada en régimen del Sistema de Aseguramiento de la Calidad (SAC), principal política vigente que apunta a mejorar la calidad de la escuelas. Luego fue el fracasado intento de eliminar el Simce de segundo básico, moción que de todas formas redujo el número de evaluaciones y disminuyó la información disponible. Tras eso se intentó impedir la publicación de los resultados del Simce mediante una glosa presupuestaria (contraria en letra y espíritu a la Ley de Aseguramiento de la Calidad) y simultáneamente, se buscó desnaturalizar la rendición de cuentas sobre resultados de aprendizaje al excluir a los establecimientos públicos de las consecuencias del SAC en el proyecto de ley de desmunicipalización.
El golpe de gracia es el nuevo Plan de Evaluaciones presentado al Consejo Nacional de Educación, el cual disminuye tan drásticamente la información sobre aprendizaje que tendremos del sistema escolar, que difícilmente se podrá implementar de forma confiable la clasificación de establecimientos, herramienta que permite focalizar el apoyo a las escuelas que más lo necesitan. La reducción del presupuesto de la Agencia de Calidad de la Educación con el fin de financiar la gratuidad universitaria viene a confirmar esta tendencia.
El patrón que se repite es la voluntad persistente, pero subrepticia, de socavar lentamente las políticas y leyes vigentes de aseguramiento de la calidad.
Es urgente que el Ministerio de Educación revierta estas acciones y sea claro y transparente con la ciudadanía respecto a qué quiere hacer con el problema de la calidad, más allá de las generalidades y consignas. Un comienzo podría ser la Política Nacional de Evaluación de Aprendizajes, prometida públicamente por la Subsecretaría para julio del presente año, y que aún esperamos.