“La discusión no es sobre si se debe o no dar apoyo a los estudiantes y sus familias. La discusión de este proyecto de ley es si los medios que se escogieron son los adecuados y las consecuencias que tiene en el sistema”, así comenzó la directora ejecutiva de Acción Educar, Magdalena Vergara su exposición sobre la iniciativa que buscaba originalmente suspender los cobros de aranceles -ahora flexibilizar-, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados.
Dentro de su presentación, la abogada, en primer lugar, dio argumentos jurídicos y explicó que existe poca claridad del proyecto, ya que crea incertidumbre sobre su alcance y aplicación. Además, señaló que con la iniciativa se generaría un incentivo de no pago, ya que todos los estudiantes podrían incumplir sus pagos sin consecuencias y por otro lado, las IES no podrían aplicar mecanismos para cobrar.
Luego, la experta explicó que el PdL es inconstitucional, ya que, pasa a llevar la libertad de enseñanza y autonomía de las IES. “Habría una imposibilidad de mantener y conservar el proyecto en el tiempo, con autonomía para definir los modos en que se llevan a cabo los fines propios de la institución”, agregó que “no solo se pasaría a llevar o se limitaría, sino que impediría el ejercicio del derecho dada las consecuencias económicas que tendría la iniciativa”.
En cuanto al impacto financiero que esta medida tendría, Vergara dio a conocer distintos escenarios. Por ejemplo, con una morosidad del 50%, un 63% de las IES no serían sostenibles al terminar el año 2020. Además, 620 mil estudiantes y 59 mil docentes se verían afectados con esta propuesta.
Finalmente, señaló que “la magnitud del perjuicio puede llevar a la quiebra de las IES, afectar la calidad y el desarrollo alcanzado de nuestro sistema” y enfatizó que “creemos que existen mejores mecanismos para dar solución a la situación que están pasando los estudiantes y sus familias”.
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