De acuerdo a la Ley de Presupuestos para el año 2016 presentada por el gobierno, el monto total destinado para educación superior (programa 30) asciende a $1.819.152.395 miles de pesos, experimentando un crecimiento de un 25% (real) respecto de la Ley de Presupuestos del año anterior (2015)[1]. Este monto representa un 19% del total del presupuesto comprometido para educación, en el Proyecto de Ley de Presupuestos para el año 2016.
Nuevas Partidas dentro del Presupuesto de Educación Superior
Se observa además la incorporación de 4 nuevas partidas, en donde se detallan: los montos comprometidos para la gratuidad universal en las universidades que califican para dicho beneficio, la creación de las dos nuevas universidades estatales, los CFT estatales, así como los fondos destinados a la aplicación de la Ley N° 20.807, que otorga una bonificación adicional por retiro al personal no académico de las Universidades del Estado.
La Tabla N°1 a continuación muestra el monto para cada una de estas partidas, así como el porcentaje que representan dentro del presupuesto destinado a educación Superior (programa 30) y del total del presupuesto de Educación.
Tabla N°1: Nuevas Partidas Incorporadas en Proyecto de Ley de Presupuestos 2016 – Partida 09, Capítulo 01, Programa 30 (Educación Superior)
Variación en Becas
En general, se observa que el monto destinado a las becas cayó en un 53% (real) respecto del año pasado, disminuyendo en alrededor de $284 mil millones de pesos (reales).
La variación por tipo de becas se observa a continuación:
Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar sostuvo que: “lo que se observa es que, tal como lo ha dicho el gobierno, en el proyecto de ley se está reemplazando los montos de las becas para destinarlos a una nueva forma de financiamiento que se busca implementar que es la gratuidad universal y que implica un financiamiento directo a las instituciones. Se plasma en una glosa presupuestaria el inicio de una reforma estructural, lo que es grave porque la tramitación de una ley de presupuesto no permite un debate adecuado de una reforma de esta magnitud que además no genera consenso y sí muchas críticas y dudas sobre sus efectos y sobre las discriminaciones que provocará en el sistema”
[1] Específicamente se tiene que la diferencia en términos monetarios es de $ 361.443.526 miles de pesos (reales).