Opinión de Acción Educar respecto de la metodología empleada en el primer informe de los deudores del CAE elaborado por el Mineduc

• 27 de Julio, 2022

Resumen Ejecutivo

El informe entregado por el Mineduc ha levantado dudas en varios Think Tanks, centros de estudios y expertos en política pública al indicar el bajo ingreso que tendrían los actuales deudores del CAE comparado con otras fuentes y estudios, tanto nacionales como internacionales.

El presente documento representa la opinión de Acción Educar respecto de la metodología empleada por el Mineduc en su último informe relativo a los deudores del Crédito con Aval del Estado, levantando las incongruencias entre lo planteado esta semana y los resultados de la encuesta CASEN, estudios anteriores del Mineduc, la Encuesta Suplementaria de Ingresos y estudios internacionales y realizados por la OCDE. Junto con ello, se plantean posibles motivos metodológicos y shocks excepcionales que explicarían estas incongruencias.

En vista de lo anterior, el presente documento concluye que considerando la importancia de caracterizar correctamente a los deudores del CAE y el buscar soluciones para los más afectados por los problemas de esta política pública nos lleva necesariamente, a rechazar la elaboración de informes con información poco clara, ya que podrían tener interpretaciones engañosas y ajenas a la realidad.  

Introducción

El martes 19 de julio el gobierno publicó su primer informe de deudores del CAE con el fin de determinar la realidad de las cerca de 1.100.000 personas que hoy se encuentran endeudadas por el crédito[1]. En este ejercicio cruzaron la información de los 669 mil deudores en etapa de pago a diciembre de 2020 con la Operación Renta 2021, utilizando información proveniente tanto de la Comisión Ingresa como del Servicio de Impuestos Internos (SII).

En concreto, en el mencionado informe se publicaron datos que buscaban mostrar los ingresos de los deudores, desagregando por deserción, género y situación socioeconómica de origen. Así, los resultados obtenidos son los siguientes: un 54% de los deudores posee un ingreso menor a $500.000, un 69% (461.610) de los deudores posee un ingreso mensual inferior a los $750.000 y un 81% cuenta con un ingreso menor a $1.000.000. Luego, solo un 8% tiene ingresos superiores a $1.500.000 y un 1,8% tiene ingresos mayores a $2.500.000.

Sin embargo, estos resultados presentan una serie de incoherencias con lo observado tanto en la literatura nacional e internacional como con diversos análisis realizados en nuestro país. Por ello, el presente documento busca destacar algunas fuentes importantes a considerar al momento de analizar dicho informe.

Estudios y datos anteriores

La primera fuente a comparar es la encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (Casen) 2017[1], encuesta que mide las condiciones socioeconómicas de los hogares del país en términos de acceso a la salud, la educación, el trabajo y a las condiciones de la vivienda. Así, en la encuesta observamos la distribución de los ingresos de acuerdo al nivel de estudios alcanzado, evidenciando las primeras diferencias con los resultados presentados por el informe elaborado por el Ministerio de Educación (Mineduc).

En primer lugar, al observar a las personas con ingreso menor a 250.000, notamos que, para todo nivel mayor a Educación Básica Completa, el porcentaje de chilenos que gana menos de $250.000 es menor a 35%, tres puntos porcentuales más bajos que lo indicado por el Mineduc para los deudores del CAE. Incluso se tiene que, al considerar el nivel profesional completo, apenas un 6,3% de las personas gana menos de $250.000. 

En esta misma línea, en los datos presentados por el informe se muestra que 251.572 egresados tendrían ingresos menores a $250.000 con un promedio de $47.146 mensuales, lo que se encontraría muy por debajo de la línea de la pobreza establecida en junio 2022 ($201.230) y en casi un cuarto de la línea de la pobreza extrema ($134.153) (INE, 2022).

Además, según datos de la CASEN 2020, las personas en pobreza no extrema alcanzaban un total de 1.280.953, mientras que en pobreza extrema dicha cifra alcanzaba las 831.232 personas. En ese sentido, suena contradictorio con toda la evidencia existente el hecho de que los egresados de la educación superior representen el 20% de las personas en pobreza no extrema o el 30% de las personas en pobreza extrema.

Si comparamos la distribución de ingresos del informe del Ministerio de Educación con la distribución presente en la encuesta CASEN 2017 para todos los que cursaron al menos un año de educación superior, notamos que el estudio sobreestima a las personas de bajos ingresos. Sin embargo, si se decide reemplazar todos los datos faltantes de la encuesta por valores 0, los números presentes se observan altamente similares, tal como se ve en el Gráfico N°1. Esto muestra la similitud entre esta metodología y lo realizado por el MINEDUC, al no diferenciar valores 0 por “imposibilidad de diferenciar entre trabajadores sin ingresos y datos faltantes” (Informe CAE).

Además, es importante recordar que, en enero del 2022, el gobierno saliente realizó un estudio para determinar la realidad de los ingresos de los deudores del CAE, cruzando información de la Administradora de Fondos de Cesantía (AFC) y la Comisión Ingresa. En este trabajo se obtiene una muestra de 312 mil personas, las que representan a un 48% de los deudores en etapa de pago, mientras que el resto de los egresados no cuenta con información, ya sea por trabajar para el Estado, ser trabajador independiente o encontrarse cesante.

Respecto de los deudores que cuentan con información en la AFC, se tiene que, al 2021, contaban con un ingreso promedio de casi $1.100.000 pesos, donde más de un 55% presentaba un sueldo mayor a $800.000. A su vez, el ingreso promedio para egresados de Educación Superior en 2020 era de $977.000, por lo que es posible inferir que el grupo no incluido en el análisis debiese presentar sueldos levemente inferiores al grupo estudiado, pero que se encuentra en ordenes de magnitud similares.

Este dato es esencialmente diferente al presentado por el informe del Mineduc, que indica que un 69% tiene un sueldo inferior a $750.000. A su vez, en este informe se observa que tan sólo 23.243 personas ganan sobre los 2 millones de pesos, mientras que, en el estudio de la AFC, se observó que 31.242 personas de la muestra ganaban sobre dicho monto, lo que equivale a un 25% más que lo presentado por el Ministerio de Educación.

Encuestas

La información presentada en el documento del Mineduc, utiliza como fuente de datos los ingresos anuales de la operación renta de 2021, que considera los ingresos correspondientes al año 2020. En este ámbito, es de muy alta probabilidad que la información considerada esté distorsionada respecto a los años corrientes debido a la pandemia por Covid-19. En el gráfico se puede observar el aumento de la tasa de desempleo en personas con educación superior según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, la cual llegó a un 12% en mitad del año 2020.

Por otra parte, en el informe presentado por el Ministerio no se considera la información completa ya que no se cuenta con información relativa a los ingresos de los ocupados informales. Estos, según la Encuesta Nacional de Empleo del INE, en junio de 2018, correspondían a un 18,2% de los ocupados con educación superior completa, mientras que en junio del año 2020 dicha cifra alcanzaba un 15%. 

Por otro lado, según la Encuesta Suplementaria de Ingresos de 2020, las personas ocupadas con educación universitaria completa ganaban, en promedio, $977.091 mensuales, en tanto, quienes poseían educación secundaria alcanzaban una renta mensual de $421.710. Más aún, si se consideran los ingresos medianos, vemos que el 50% de los ocupados que estudió en la educación universitaria gana una cifra igual o mayor a $770.000 y que la mitad de los ocupados con educación técnica, por otro lado, gana una cifra mayor o igual a $460.000, números que se contradicen con los entregados por el Ministerio de Educación. 

Incluso según esta encuesta, en 2020 un 42% de los ocupados con nivel superior tuvo ingresos de $750.000 o más (versus un 10% en personas con educación media), mientras que solo un 10% tuvo ingresos iguales o menores a $250.000 (versus un 21% en educación media).

Estudios internacionales

Otro problema no abordado en el informe son los problemas de considerar los impuestos como el mejor proxy para el ingreso de los trabajadores. Una de las principales razones es que la informalidad no se vería reflejada en estos datos. De acuerdo a Günter & Launov (2012) en países en vías de desarrollo existen segmentos de la población en que los mercados informales no implican necesariamente un último recurso, sino que pueden presentar una oportunidad para el crecimiento del trabajador. Así, reconociendo la existencia de deudores del CAE sin ingresos o con ingresos bajos, no es correcto determinar que todos los deudores que no declaran ingresos se encuentran en situación de vulnerabilidad. A su vez, existe amplia evidencia internacional de los retornos de la educación superior en el mediano y, sobre todo, largo plazo (Contreras, Melo & Ojeda (2005); Mincer (1974); Riveros (1990); Contretas, Larrañaga, Puentes & Rau (2012)) y se han presentado metodologías ampliamente utilizadas para solucionar problemas de datos que presentan sesgo de selección y distribuciones truncadas, donde la cola izquierda está mayormente abultada debido al supuesto de que 0 tributación implica 0 ingresos  (Heckman, 1979).

Por último, el informe entregado no se condice con las cifras presentadas por la OCDE en su informe Education at Glance 2021, el cual muestra el premio salarial que se obtiene al asistir a la educación superior.  En concreto, este informe muestra que Chile es el país con mayor premio al ingreso por asistir a la educación superior de todos los países de la OCDE. Así, usando una base de 100 para quienes cuentan con enseñanza media completa, es posible ver que quienes asistieron a carreras de pregrado en Chile obtienen ingresos 279% más altos, es decir, casi el triple en comparación a quienes completaron sólo la enseñanza media.

Además, y de acuerdo a los mismos datos presentados en el informe de la OCDE, un 54% de los ocupados que cuenta con nivel secundario como máximo nivel alcanzado tiene un ingreso menor a la media de todos los trabajadores en Chile, mientras que este porcentaje es de solo un 20% para aquellos que cuentan con educación terciaria. Es más, solo un 10% de los trabajadores con educación secundaria gana más que el doble de la media, mientras que este porcentaje alcanza un 48% para los trabajadores con educación terciaria. 

Conclusiones

En primer lugar, en Acción Educar creemos necesaria la caracterización de los deudores del CAE para elaborar políticas públicas, ya que esto puede permitir apoyar a los más necesitados, especialmente aquellos que no se han visto beneficiados por una política pública que presentó varios problemas de diseño. Sin embargo, debemos asegurarnos que toda caracterización se haga con una metodología correcta, coherente y, sobre todo, transparente, obteniendo resultados comparables en el tiempo y que permitan obtener conclusiones acertadas y certeras.

Por otra parte, el problema del financiamiento de la educación superior, particularmente del CAE, debe ser analizado considerando no solo los ingresos de los deudores. En principio, es necesario que se agreguen al análisis diversas variables como el nivel de deuda de cada persona, el valor cuota que enfrenta cada deudor relacionado con sus ingresos y su conformación familiar, entre otros.  Es la combinación de estas variables la que permitirá conocer las dificultades que enfrenta un deudor para cumplir con sus obligaciones.

Finalmente, esta información se debe usar para presentar soluciones justas, que entreguen un alto beneficio al menor costo posible y que tengan en consideración el uso alternativo de los recursos. De esta forma, el Estado se asegura de apoyar a los que han sido dejados atrás por la política pública.

Ver estudio completo en el siguiente PDF