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Desde la llegada del nuevo Gobierno a La Moneda, el Ministerio de Educación del Presidente Gabriel Boric ha declarado que su objetivo principal es un “cambio en el paradigma educativo”. Hacia ese fin ha guiado su gestión durante el primer año de Gobierno.
En Acción Educar analizamos la gestión del Ministerio de Educación desde tres dimensiones principales de la agenda, evidentemente interrelacionadas: 1) La reactivación educativa o recuperación de lo perdido en educación por la pandemia y el cierre de escuelas. 2) El trabajo legislativo o la tramitación de proyectos de ley en el Congreso Nacional y 3) el foco ideológico del Ministerio, específicamente, la idea de un “cambio de paradigma” en la educación chilena.
Reactivación Educativa: Plan “Seamos Comunidad”
El inicio del año 2022 estuvo marcado por el retorno a la presencialidad en las aulas de clases, tras haber permanecido cerradas por un total de 259 días en el período comprendido entre los años 2020 y 2021 (OCDE, 2022).
Convivencia escolar
Para mejorar la convivencia y tratar otras dimensiones de la crisis educativa, el Mineduc anunció, en mayo de 2022, el plan Seamos Comunidad. Este contaba con un programa de convivencia escolar, focalizado en las 60 comunas donde se observaron mayores situaciones de violencia escolar. Asimismo, se propuso la ampliación del programa Habilidades para la Vida, que consiste en una intervención psicosocial, que apunta a mejorar la salud mental de los estudiantes, sus padres y sus profesores. El presupuesto para ambos proyectos es insuficiente: entre ambos programas se invertirían $12.500 millones de pesos y, dado que en 2022 el plan tuvo un alcance de 800.000 estudiantes, se estaría invirtiendo apenas $15.625 pesos por alumno en un año.
La convivencia escolar está atravesando un período delicado, y pese a los esfuerzos del Mineduc actual, la situación no ha mejorado significativamente. En cuanto a la convivencia escolar, el Ministerio no solo parece haber fallado en mitigar el problema, sino que también en reconocerlo, al valorar la expansión de un programa que, en la práctica, no parece haber dado resultados. El problema de convivencia escolar está lejos de ser solucionado y, pese a las iniciativas de jornadas en afectividad y sexualidad integral del Mineduc actual, la tendencia al alza de denuncias de este tipo persiste.
Deserción y revinculación
En esta materia, las políticas que se han propuesto han carecido de detalles sobre su implementación y financiamiento, lo cual dificulta su alineamiento con las metas que persiguen.
Para revertir la deserción, se propuso conformar un equipo de 1.300 profesionales, que cubran todas las comunas del país. Considerando la complejidad de la situación de cada estudiante que abandona el sistema, la política anterior es poco realista. Si se busca reinsertar a los más de 50.000 desertores, cada miembro del equipo de profesionales debería ayudar a más de 38 personas en un largo proceso de revinculación.
Respecto al fortalecimiento de los aprendizajes, el Plan de Reactivación propone entregar un kit de apoyo pedagógico a establecimientos educacionales, que consta de una evaluación de diagnóstico (que será creada por la Agencia de Calidad), recursos para el aprendizaje de lectoescritura y materiales para enfrentar el rezago lector. Al igual que en las medidas recién mencionadas, no se designa con claridad el conjunto de comunas beneficiarias, ni las fuentes de fondos para financiar la entrega del kit.
La responsabilidad de reclutar a los voluntarios recaerá sobre la sociedad civil, y nuevamente no hay información clara de cómo será la cooperación entre sectores, ni del presupuesto asignado para este fin.
La inversión en educación parece apresurada y no lo suficientemente fundamentada. El catastro provisorio de 2020 cubre apenas 311 establecimientos educacionales públicos de los 5.039 que estaban vigentes en 2021; no es representativo de la situación del país; y las convocatorias podrían potenciar inequidades entre establecimientos a la hora de la asignación de presupuesto, dado que no están en igualdad de condiciones para postular. Asimismo, se excluye del catastro y del plan de inversión a los establecimientos particulares subvencionados, ignorando que ellos también podrían enfrentar necesidades de esta índole.
Trabajo legislativo
En la presentación de la agenda legislativa para el año 2022, el Ministerio anunció que siete iniciativas de ley se presentarían durante el año, destacándose reformas a la educación pública, al sistema de aseguramiento de la calidad, al sistema de acceso y financiamiento de la educación superior, incluyendo la condonación al CAE. Sin embargo, sólo ingresaron al Congreso Nacional dos mensajes presidenciales relativos a educación, uno en superior y otro en escolar, que apuntaban a postergar la vigencia de leyes anteriores. Por un lado, la fijación de los aranceles regulados para la gratuidad en educación superior, y por otro, la Ley Miscelánea, que principalmente retrasó en 1 año el traspaso de colegios desde 37 municipios a seis Servicios Locales de Educación Pública (SLEP) que entraron en funcionamiento en 2022.
La iniciativa comenzó su tramitación en julio de 2022 y recién logró su aprobación en el mes de diciembre. Su principal medida, la postergación del traspaso de los establecimientos a los SELP, podría significar una demora en los beneficios que se esperaban del nuevo Sistema de Educación Pública, como una mayor autonomía de los establecimientos educativos y mejor gestión de los recursos cuyo fin exclusivo sea la educación pública.
El Ejecutivo puso urgencia a diez proyectos de ley relativos a educación, dos del gobierno anterior y el resto mociones parlamentarias. Si bien éstas se alinean con la agenda ministerial, tenían un efecto limitado, buscando eliminar normas que no son de su agrado y así preparar el terreno para alguna de las reformas anunciadas. Por ejemplo, la moción que elimina el cierre de escuelas por desempeño insuficiente pretende cuestionar el sistema de evaluación y de aseguramiento de la calidad, para así plantear uno que, entre otras cosas, ponga fin a las pruebas que miden aprendizajes, las que han sido cuestionadas constantemente por el sector oficialista.
“Cambio de paradigma”
Pese a que las pérdidas de aprendizaje producto de la pandemia eran evidentes, la reactivación educativa no fue una prioridad para el Ministerio de Educación hasta que la sociedad civil conoció las cifras de deserción escolar y demandó atención preferente sobre el tema. Más bien, la autoridad desvió significativos esfuerzos y recursos hacia un “cambio de paradigma”, que resultó estar desconectado de las verdaderas prioridades del país en materia educativa.
Eliminación de evaluaciones
El Gobierno ha buscado desmontar los procesos evaluativos tanto para estudiantes como docentes, argumentando que deberían ser voluntarios y no tener consecuencias vinculadas al desempeño para quienes los rinden, ni para sus establecimientos educativos.
Se propuso priorizar el currículum en los colegios. Esto puede agravar las pérdidas de aprendizajes ya pronosticadas por el Mineduc del gobierno anterior, puesto que los establecimientos educativos que se adscriben a dicho currículum impartirán menos contenidos que los que no se adscriben. Al extenderse el currículum priorizado se exacerbarán las brechas de aprendizajes entre los centros educativos que adopten el currículum priorizado y los que no.
Docentes
El año 2022 se suspendieron los procesos de Evaluación Docente y la aplicación de los instrumentos del Sistema de Desarrollo Profesional Docente (Carrera Docente), a través de la ley N°21.506.
Al tener resultados incompletos respecto a las evaluaciones de los profesores no es posible contar con un diagnóstico de cómo la pandemia afectó su rendimiento. En la misma línea, puede estarse dejando dentro del sistema a profesores con un rendimiento insatisfactorio por más de dos años consecutivos, que hubiesen sido removidos de sus cargos, de haberse conocido el resultado de su Evaluación Docente. Sin evaluaciones docentes, se está perjudicando a los alumnos.
Abandono de las acciones urgentes
Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar, señaló que “desde la recuperación educativa, el balance es negativo: se partió con un programa tímido y desfinanciado, que no tuvo impacto y que debió ser relanzado un año después”.
“Lo más preocupante fue la idea de cambio de paradigma, que llevó al Mineduc a extraviarse tratando de eliminar el Simce, la evaluación docente, pagar la llamada deuda histórica, dejando en total abandono la gestión y las acciones urgentes, como la deserción y el ausentismo”, añadió Rodríguez.
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