Reforma a la educación superior: ¿Cómo se fijarán los aranceles, de al menos, 13 mil carreras?

• 28 de Julio, 2016

Sumarse a la gratuidad planteada en el proyecto de ley enviado por el gobierno conlleva una serie de requisitos. Uno de ellos es que se regularán los valores de los aranceles, los derechos básicos de matrícula y los cobros por concepto de titulación o graduación que se establecerán cada cinco años; todo visado por el Ministerio de Hacienda.

En el caso de los aranceles, esto significa fijar el precio de al menos 13 mil carreras que se imparten en más de 100 instituciones de diversas características. Para esto, la Subsecretaría de Educación Superior determinará “grupos de carreras”, que deben tener estructuras de costos similares entre sí; y se tendrá en consideración los recursos que se necesitan para impartir las carreras, los niveles de acreditación institucional de las casas de estudio, el tamaño y la región.

Lo anterior altera la autonomía de las instituciones y afecta la diversidad de los proyectos educativos, dado que, en definitiva, se establecerá una “universidad modelo” para simular supuestos costos de infraestructura, académicos y servicios educativos; y así replicar ese modelo teórico en las instituciones. Además, y tal como se vio en el proceso del primer año con gratuidad, la fijación de precios genera déficit en las instituciones y le pone un techo a la calidad.

La Comisión de Expertos para la regulación de aranceles

El proyecto de ley establece la creación de una Comisión de Expertos, de carácter permanente, que será la encargada de regular los aranceles. En este caso, primero la Subsecretaría fijará los precios y le presentará las bases técnicas a dicho comité, quienes tendrán que aprobarlas o modificarlas (lo mismo ocurre en el caso de matrícula y cobros por concepto de titulación o graduación).

Según la iniciativa gubernamental, serán siete los profesionales chilenos o extranjeros que integrarán la comisión y deberán cumplir las siguientes condiciones: tener una amplia trayectoria profesional o académica, experiencia laboral mínima de cinco años en materias económicas o jurídicas de regulación económica de servicios públicos o en gestión de educación superior en el subsistema universitario o técnico profesional. Además, se pone como condición promover la paridad de género y que las experiencias provengan también de otras regiones. Éstos serán seleccionados por el Consejo de Alta Dirección Pública mediante concurso público y permanecerán seis años en sus cargos con posibilidad de renovar el período.

Sin embargo, dejar en manos de una comisión la fijación de los aranceles de 13 mil carreras, parece ser una medida irresponsable, dado que hay que tener en cuenta que finalmente la estabilidad financiera de las instituciones dependerá de la toma de decisiones un comité completamente ajeno a las verdaderas necesidades de cada institución de educación superior.