Columna en El Dínamo: Los primeros 100 días del Mineduc

24 de Junio, 2022

El 11 de marzo asumió un nuevo ministro de Educación con el compromiso de “trabajar por una educación más justa e integral para los habitantes del país”. Más allá de este loable objetivo, al analizar lo realizado en los primeros 100 días de gobierno, no es posible destacar el “conjunto de transformaciones que tienen como norte garantizar la educación como un derecho social”, que proponía el ministro. Por el contrario, si analizamos los anuncios realizados por la autoridad, se evidencia una constante improvisación.

Lo vimos en primer lugar, en el manejo de la situación escolar como consecuencia de la pandemia. El ministro comenzó su periodo criticando el cierre de los establecimientos, en línea con lo planteado por el Presidente, e indicando que éstos debían ser los primeros en abrir y los últimos en cerrar. Sin embargo, al poco andar culpó como uno de los factores de violencia escolar la “abrupta vuelta a la presencialidad” y con ello se eliminó la obligatoriedad de la Jornada Escolar Completa. Posteriormente, se señalaron nuevas reglas para el funcionamiento de los colegios, como lo es el caso de la disminución de aforos en los recintos, la tasa de vacunación para cada curso, entre otros. Lo que llama la atención, no obstante, es que al ser solicitada esta información, el Ministerio indica no conocerla. ¿Cómo fiscaliza y asegura entonces que se cumpla dicha normativa? Por último, al cumplir dos meses en el gobierno, el Mineduc presentó su gran propuesta para recuperar aprendizajes, el plan “Seamos Comunidad”, un proyecto limitado que involucra un gasto extra de apenas $7.500 por alumno para este año.

Sin embargo, el caso de improvisación más notorio tiene que ver con los distintos mensajes relativos a la condonación del CAE y la deuda educativa, la gran promesa de campaña de este gobierno en materia educacional. Diversas son las contradicciones entre lo declarado por el Mineduc, el Ministerio de Hacienda y el propio Presidente, en aspectos tan variados como lo son el costo de la propuesta, los potenciales beneficiarios y las condiciones de la condonación. Así, hemos visto en anuncios que la condonación del CAE costaría alrededor de 4.500 millones de dólares -costo estimado en campaña- cifra que posteriormente sube a 12.000 millones –según las últimas declaraciones realizadas por el Presidente a principios de mayo-. Luego, se sostuvo que sería universal y, días después, se dijo que va a beneficiar sólo a aquellos que se encuentran “más al día en sus pagos”. Posteriormente, se afirmó que afectaría a todos en igual medida y luego se especificó que iba a focalizarse dependiendo de la situación específica del deudor. En concreto, vemos que no existe claridad respecto de la propuesta y, hoy en día, parece presentar solo dos certezas: la condonación dependerá de la reforma tributaria, y un porcentaje importante de deudores ya dejó de pagar su crédito (Acción Educar, 2022).

Como si no fuera suficiente, la guinda de la torta en materia de improvisación ha sido la medida de adelantar y extender las vacaciones de invierno. Esta política, anunciada en conjunto con el Ministerio de Salud, se vio envuelta en distintas contradicciones entre ambas carteras. Se han repetido en las últimas semanas una serie de dudas respecto al anuncio: si los colegios se encontrarán abiertos o no; si esta medida afectaba a los jardines infantiles privados o si una medida de este tipo fue recomendada por el comité de expertos; si se discutió con los alcaldes considerando la situación de las distintas comunas e incluso de si eran “vacaciones en el sentido estricto de la palabra”. Todo esto, sumado a que el Ministerio aún sigue sin informar por las vías oficiales a los verdaderos afectados, es decir, estudiantes y establecimientos.

En resumen, los primeros 100 días en el Ministerio de Educación han estado marcados por errores de fondo y de forma que lo alejan de su principal labor, la educación de los niños de nuestro país. La improvisación afecta por sobre todo a los estudiantes más desfavorecidos, que necesitan un mayor apoyo de la comunidad educativa para su desarrollo. Solo queda esperar que en los próximos 100 días el gobierno utilice sus capacidades para generar políticas públicas certeras, preparadas, basadas en la evidencia y con un foco en el desarrollo y aprendizaje de los estudiantes.

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