Columna en El Líbero: Las palabras del Presidente

• 24 de Junio, 2022

El Mandatario yerra en el foco. La debilidad del sector superior estatal debe ser abordada mediante una mejor gobernanza de las universidades estatales, más transparente, eficiente y de cara a la ciudadanía, sin captura por parte de grupos políticos o académicos.

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Durante la ceremonia en que la destacada académica Rosa Devés asumía la rectoría de la Universidad de Chile, el Presidente de la República Gabriel Boric hizo un comentario que llamó la atención de los medios (restándole cobertura al hito realmente histórico que se estaba viviendo) y generó un aplauso en la comunidad: “Sé que hay rectores de universidades privadas del sector oriente de Santiago que a veces se enojan cuando uno dice estas cosas. Pero acá vamos a defender que el Estado tiene no solo el derecho, sino el deber de tener un trato prioritario con sus universidades”. Curioso comentario.

Podría pasar por una estrategia retórica para conseguir aplausos. La audiencia, autoridades de la Universidad de Chile y sus ministros, no daría sorpresas en esa materia. Pero las palabras de Su Excelencia tienen consecuencias en tanto calzan con un discurso político que el Ministerio de Educación y su Subsecretaría de Educación Superior han llevado a la práctica, por suerte solo mediante símbolos. El rector de la Universidad Católica, pero también rectores de universidades como la de Concepción y Católica de Valparaíso, han manifestado públicamente su preocupación por la intención de que el discurso se convierta efectivamente en políticas que vayan en desmedro de la situación de las universidades no estatales.

Históricamente, el Estado no ha hecho grandes diferencias entre las universidades privadas tradicionales y estatales: hoy gozan prácticamente del mismo marco regulatorio. La discriminación estatal ha sido siempre contra las instituciones privadas creadas después de 1981. Las palabras del Presidente denotan, entonces, una reacción ante la preocupación del sector privado del CRUCh ante el trato preferente a las estatales, cuando siempre han estado en el mismo grupo.

Quisiera reparar también en la palabra elegida por el Presidente: “se enojan”. Este término no le hace justicia al Presidente, pues pareciera que atribuye a sus adversarios políticos una reacción visceral e irracional, cuando en general la defensa del mundo privado ha sido siempre desde la razón y los argumentos. Además, las más preocupadas con el trato privilegiado a las universidades estatales no están en “el sector oriente” de Santiago, sino más bien en Portugal con la Alameda.

La frase llama la atención también porque intenta hacer una relación entre clase social (sector oriente) y universidades privadas. Esto es inexacto, pues si bien la ubicación de algunas instituciones puede engañar, lo que importa es la ubicación de sus estudiantes. El sector privado acoge muchísimos estudiantes vulnerables, bastante más que la institución donde el Presidente dio el discurso. Aunque la audiencia cautiva que aplaude quiera creer lo contrario, la movilidad social no ocurre solo en la Casa de Bello, sino en varias sedes –orientales y occidentales– de universidades masivas privadas, institutos profesionales y centros de formación técnica, todos privados. 

Finalmente, el Presidente yerra en el foco. Dudo que el trato preferente a la educación estatal sea una preocupación para las autoridades de universidades privadas fuera del CRUCh. De hecho, apostaría que varios están de acuerdo en que fortalecer instituciones estatales, particularmente las regionales, puede ser una idea socialmente potente si se ejecuta correctamente. Y la razón es que el trato prioritario ya existe: las universidades estatales tienen su propia ley que las regula y protege, sus estudiantes tienen acceso a mejores becas y créditos, cuentan con fondos basales sin ninguna clase de rendición de cuentas. Eso sin considerar que las universidades estatales de O’Higgins y Aysén titularán sus primeras generaciones de estudiantes sin estar acreditadas. 

Finalmente, estas palabras terminan siendo una distracción respecto a lo que el Presidente y su ministro deben asumir como su tarea. La debilidad del sector superior estatal debe ser abordada mediante una mejor gobernanza de las universidades estatales, más transparente, eficiente y de cara a la ciudadanía, sin captura por parte de grupos políticos o académicos. Trabajar en una oferta pública competitiva e innovadora, no profundamente tradicionalista como la actual. Y por supuesto, erradicar los paros, tomas y otras formas de violencia que no solo conculcan el derecho a la educación, sino que dañan el prestigio de las propias instituciones. Y a las instituciones privadas y sus rectores, del sector de la ciudad que sean, ¡déjenlos trabajar!

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