Columna en El Líbero: PSU; ¿Quién manda ahora?

• 28 de Marzo, 2019

Por Magdalena Vergara, investigadora de Acción Educar.

En 2020 será la última vez que los estudiantes tendrán que rendir la Prueba de Selección Universitaria (PSU), debido a que la Ley de Educación Superior introduce profundos cambios al Sistema de Admisión. Una de las modificaciones históricas y trascendentales es que este instrumento de medición ya no dependerá del Consejo de Rectores (Cruch), sino de la -aún no creada- Subsecretaría de Educación Superior.

La discusión legislativa que precedió a la normativa comprendió la importancia de un sistema centralizado que integrara a todos los actores, tanto del mundo universitario como técnico profesional. Esto con el fin de que no fueran unos pocos interesados -los rectores del Cruch- quienes controlaran el acceso de los alumnos a la de educación superior. Más aún cuando los criterios utilizados para a la asignación de becas y otras ayudas estudiantiles dependen directamente de los resultados obtenidos en dicha prueba.

Frente a este nuevo escenario, no será fácil para el Ministerio de Educación cortar las amarras del Consejo de Rectores sobre la crucial prueba. El nuevo Sistema de Admisión establece la creación de dos comités de acceso: universitario y técnico profesional. En el caso del primero, el Cruch designa a cinco de los ocho miembros del comité, el cual es el encargado de la elaboración de los criterios y los instrumentos para la admisión. Esta regla -que no tiene mayor justificación que perpetuar un privilegio injusto- puede resultar muy costosa para el sistema y para los estudiantes, ya que deja la puerta abierta para que los problemas que arrastra la PSU persistan bajo esta nueva modalidad. De hecho, ya en la prensa han aparecidos algunos defensores del Cruch en esta materia, apelando a la importancia de su rol sobre el Sistema de Admisión, lo que sólo acentúa la ceguera sobre las problemáticas que enfrenta el instrumento y los cambios urgentes que requiere.

El temor frente a que el Cruch continúe al mando no es infundado, pues durante estos años ha demostrado su ineficiencia -incluso obstinación- para introducir mejoras en la prueba, a pesar de las propuestas e informes realizados (Pearson 2013). Además de la poca transparencia e imparcialidad de sus decisiones, las que se tomaban a puertas cerradas y teniendo como criterio el mayor provecho de las instituciones participantes, resulta ejemplificadora la discriminación que se ha tenido desde el día uno con el sector técnico profesional. Tanto así que el Demre -organismo encargado de la confección de la prueba-, por razones exclusivamente técnicas, se vio en la obligación de publicar las mejoras inminentes que necesitaba la PSU.

El Mineduc tiene una ardua tarea. Las señales que entregue tienen que ser claras, pues el desconocimiento e incertidumbre no hace más que confirmar lo que algunos predicen: que en definitiva la ley nada cambia. Para ello, es urgente que se conformen los organismos para echar a andar la maquinaria que crearía el nuevo Sistema de Admisión y conocer un cronograma de cómo se llevará a cabo este importante proceso que cambiará el futuro de cientos de miles de estudiantes. Por lo mismo, el ministerio no puede dar cabida a las prácticas indeseables del Cruch.

Leer columna en El Líbero.