Columna en El Líbero: Una estrategia fracasada

La actitud del Colegio de Profesores es una bomba de racimo que afecta a los niños, apoderados y autoridades por igual, sin otra consideración que su beneficio privado.

(Leer columna en El Líbero)

El Colegio de Profesores es un actor político central en el mapa de la educación en Chile. Ha levantado conflictos y paros en todos los gobiernos (y obtenido los beneficios respectivos de ellos), y su voz está siempre presente (pública o privadamente) en el Congreso Nacional, e influye, vía la simpatía política o el terror a la funa electoral, sobre opositores y oficialistas. Logra estar sentado en cuanta mesa y comisión se haya imaginado, desde donde suele impedir los acuerdos y alentar la disrupción y el disenso. Es un perfecto y extremadamente efectivo gestor de intereses: pese a defender de forma desenfadada sus intereses privados (ya ni siquiera se preocupan de disfrazarlos de acciones para mejorar la educación), muchas veces económicos, son valorados por la sociedad civil y tolerados por la opinión pública. ¿Por qué? Pienso que su actitud arrogante y falta de cualquier rendición de cuentas está blindada por el afecto y admiración que muchos profesamos a nuestros propios maestros y sobre todo a los de nuestros hijos. Esto es un evidente error de identificación: la directiva que controla el gremio está lejos de representar (ideológica y estadísticamente) a los profesores de Chile. Es la excepción que, mediante un juego de máscaras, se aprovecha de la regla.

Por eso no es conveniente que el Ministerio de Educación se pliegue u se organice en relación a la agenda del gremio. Y durante el actual Gobierno, los ejemplos de este error sobran.

Cuando el Presidente Boric destacó que su primer ministro de Educación era profesor, el gremio contestó: “No está colegiado”. Gran comienzo. En la primera ley miscelánea de esta administración, se le entregó, por ley, privilegios sindicales a una asociación gremial. Un perfecto ejemplo de corporativismo.

Luego el Gobierno presentó y tramitó la eliminación de la evaluación docente, cuyo objetivo es que los profesores no puedan ser despedidos por mal desempeño. Este fue un golpe al aseguramiento de la calidad de la educación del país, pero el Mineduc estuvo dispuesto a asumir ese costo. Sin embargo, esto no impidió que el gremio empujara poco después una serie de paros de advertencia por el pago de la llamada “deuda histórica”. A pesar de las amplias concesiones de Ávila a los docentes, sólo la llegada del ministro Cataldo logró destrabar el conflicto. Este último negoció y destrabó la eliminación de la evaluación docente, además de amarrar una generosa oferta de compensación de la “deuda histórica”, pero eso le valió poco y nada cuando el conflicto de Atacama puso de nuevo al gremio en acción, paralizando por casi 80 días y vulnerando el derecho a la educación de decenas de miles de niños.

Ya logrando cerrar las “condiciones habilitantes” para volver a clases en Atacama, el Colegio postergó en un día el regreso pactado, un gesto de desprecio hacia los niños y a una autoridad que trata de avanzar. Además, le anuncia una sorpresa especial: la elección de un nuevo presidente nacional, conocido por su postura menos dialogante y preferencia por la movilización.

Conclusión: la actitud servil de la autoridad al Colegio de Profesores no paga. Y la actitud de éste es una bomba de racimo que afecta a los niños, apoderados y autoridades por igual, sin otra consideración que su beneficio privado. La lección debe ser aprendida para este y otros gobiernos: el país debe buscar una forma de dialogar y recoger las preocupaciones de los profesores que no esté mediada por los intereses de su gremio.

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Escrito por Daniel Rodríguez Morales

Director ejecutivo de Acción Educar.