Columna en La Tercera: Financiamiento escolar: ¿De qué estamos hablando?

• 5 de Diciembre, 2023

Una de las discusiones de fondo del sistema educacional es aquella referida al financiamiento de la educación escolar, a saber, cómo se provee a los sostenedores con los medios monetarios necesarios para la prestación del servicio. Los problemas de gestión y las corrupciones en la administración de ciertos sostenedores han servido por años para que algunas voces de la discusión pública, como el Colegio de Profesores, insistan en una añeja demanda: que el financiamiento de los establecimientos sea basal, es decir, no directamente dependiente del número de estudiantes que se matriculen.

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El sistema de financiamiento escolar en Chile funciona mayormente a través de subvenciones por estudiante, ajustadas por la asistencia promedio del establecimiento. Por un lado, el pago por alumno permite reforzar la libertad de elección de la familia, destinando el gasto fiscal al proyecto educativo que prefiera. Por otro lado, el ajuste por la asistencia incentiva a los establecimientos a promover que los estudiantes vayan a clases; no se trata del único incentivo ni del factor más importante, pero sí es útil para mantener niveles mayores de asistencia y retención (Ely y Fermanich, 2013; Correa, Parro y Reyes, 2014).

Ante un escenario donde la matrícula se ha estabilizado (y tenderá a la baja) y los niveles de asistencia son cada vez peores, las presiones políticas podrían estar dirigidas a dejar de lado el factor de la asistencia en el financiamiento, librando de la responsabilidad respectiva a los equipos directivos y a los sostenedores. En vez de mejorar la asistencia, se propone no considerarla como un determinante en el financiamiento. En otras palabras, se pide pagar por un niño que no está en clases.

Con todos los problemas que la coyuntura atrae al monto que reciben los establecimientos por subvención, el mismo es relativamente estable: entre un mes y otro, no varía más de un 2,5%, en promedio, de acuerdo con nuestro reciente informe Financiamiento de la educación escolar en Chile, que analiza datos del año 2022. Al mismo tiempo, una investigación que realizamos en Acción Educar muestra que algunas dimensiones del mecanismo de financiamiento de la Ley de Subvenciones permiten dicha estabilidad en situaciones específicas. Por ejemplo, el piso rural y la subvención por ruralidad: antes de ambos, la variación intermensual promedio de los ingresos de las escuelas rurales con menos de 17 estudiantes alcanza a un 9,6%; después, a un 3,1%. Dicha disminución en la variabilidad muestra, en ese y otros casos del mecanismo, que el sistema de subvenciones sigue a la demanda, pero respondiendo a las particularidades de la oferta.

La consagración legal del mecanismo de financiamiento permite que los establecimientos puedan predecir razonablemente cuántos ingresos recibirán, sin que ello dependa de la discreción de una autoridad local o central. Esto también asegura que, por el diseño de subvenciones a la demanda, dos niños en situaciones similares reciban el mismo financiamiento del Estado. La equidad que permite el financiamiento por estudiante en el sistema escolar no puede ser lograda de la misma forma por el financiamiento basal —por cada factor distinto a la matrícula que sea incluido en una eventual fórmula, el tratamiento fiscal de dos estudiantes en establecimientos distintos diferiría crecientemente.

La discusión sobre el financiamiento escolar no debería centrarse en la forma de distribución de los recursos fiscales en la educación, sino en la suficiencia del monto destinado a cada estudiante. Esa es la gran diferencia que nos separa como país del resto de las naciones de la OCDE: hoy gastamos 5.893 dólares estadounidenses por cada escolar, la mitad de los USD$ 11.352 que destina el promedio de los países de la organización.

Si se quiere tener un debate razonable sobre el financiamiento escolar, este debería dejar de enfocarse en hombres de paja, que sólo buscan debilitar la libertad de elección de las familias y fortalecer la autoridad fiscal sin aparejarla a un control democrático.

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