El director ejecutivo de Acción Educar, Daniel Rodríguez, expuso este martes en la Comisión de Educación de la Cámara de Diputados sobre el proyecto de “Ley Miscelánea”, el cual pretende, en primer lugar, aplazar en un año, es decir al 01 de enero de 2024, el traspaso de los servicios educacionales desde las municipalidades y corporaciones municipales a los Servicios Locales de Educación (SLEP) que entraron en funcionamiento el 2022.
Además, plantea suspender la rendición de la evaluación docente y de la aplicación de los instrumentos del Sistema Nacional de Reconocimiento Profesional, para los años 2022 y 2023, postergando la obligación para el año 2024.
El tercer punto del proyecto postula que en el marco de las bonificaciones por retiro voluntario al personal docente y asistente de la educación, realizar adecuaciones para que el Mineduc pueda asignar beneficiarios y establecer la transferencia de recursos a un mismo sostenedor, a través de uno o más actos administrativos.
Finalmente, el proyecto busca facultar al Ministerio de Educación para que deje sin efecto la retención de la subvención por el incumplimiento de pago de cotizaciones previsionales y pague directamente a las instituciones previsionales correspondientes los montos retenidos.
Exposición de Daniel Rodríguez, director ejecutivo de Acción Educar
En cuanto a la postergación de traspaso de los servicios educacionales a los SLEP, el director ejecutivo de Acción Educar señaló que “la postergación es necesaria, pero no suficiente para realizar el traspaso”. En ese sentido, reforzó que “el diagnóstico que el Mineduc ha puesto, hace que se vea la postergación como un elemento necesario. Es fundamental recordar que el proceso no debe detenerse”.
Sobre este punto, su presentación planteó rescatar algunos aspectos como: 1) Aumento de la fiscalización por parte de la Superintendencia, obligándosele a contar con programas de fiscalización para verificar el cumplimiento de las normas relativas a todo el proceso de traspaso. 2) Perfeccionamiento de las obligaciones de las municipalidades para el traspaso, como la exigencia de traspasar los inmuebles regularizados y realizar las adecuaciones a la dotación docente dentro de los primeros tres meses de funcionamiento de un SLEP.
Respecto a la suspensión de la evaluación docente, Rodríguez afirmó que la situación años 2020 y 2021 es radicalmente distinta a la actual. Hoy existen condiciones para aplicar la ley de carrera docente y evaluación docente. En esa línea, argumentó que “la suspensión me parece que es una medida que puede hacerle un daño demasiado grande al sistema”. Y agregó: “no se justifica la suspensión de la evaluación docente para 2023. Quizás que se considere solo el año 2022 y que se ordene el cronograma para 2023”.
Revisa la minuta sobre el proyecto realizada por Acción Educar