En general, se trata de propuestas pertinentes y necesarias para el sistema, y es valorable que provengan de un consenso. Para llevar a cabo algunas de las sugerencias se requieren proyectos de ley, por lo que dicho acuerdo adquiere un valor práctico para una eventual tramitación. Sin embargo, también se identifican propuestas que, además de no tener relación alguna con el propósito de la comisión, tienden a politizar innecesariamente la instancia.