Por Raúl Figueroa, director ejecutivo de Acción Educar.
Señor director:
La discusión sobre cuál es la mejor forma de financiar la educación superior de los estudiantes sigue vigente, mientras se dan a conocer las propuestas de los candidatos a la presidencia y se tramita en el Senado el proyecto de ley del gobierno, cuyo eje es la gratuidad universal. El alto costo de esa política, el carácter regresivo de su distribución y las restricciones que implica a la autonomía, diversidad y pleno desarrollo de las instituciones de educación superior son críticas que se han sostenido de manera transversal. En ese contexto y para asegurar que ningún joven quede fuera de la educación superior por motivos económicos, cobra fuerza la idea de un sistema de financiamiento que, a diferencia de la gratuidad universal, combine adecuadamente la responsabilidad fiscal con la mayor posibilidad de elección de los jóvenes y el máximo desarrollo de las instituciones. Un diseño óptimo debiese mantener una gratuidad focalizada en los estudiantes del 50% de menores ingresos y una combinación adecuada de becas y créditos subsidiados para los demás, reconociendo así tanto el valor social como el beneficio individual del paso por la educación superior.
Ver carta al director en La Tercera.