Por Raúl Figueroa, director ejecutivo Acción Educar.
Señor director:
En los últimos días se filtró una nueva minuta del Ministerio de Educación que entrega detalles sobre las ideas del gobierno para el proyecto de reforma a la educación superior. A las complejidades del diseño se agrega un aspecto específico que llama la atención. La autoridad establece como requisito obligatorio para todas las universidades, que los miembros o asociados de la corporación universitaria sólo sean personas naturales.
Existen en Chile diversas universidades cuyos proyectos dependen directamente de congregaciones u órdenes religiosas, o bien de otras personas jurídicas ligadas a la educación e investigación. De implementarse una norma como la propuesta, tendrían que desligarse absolutamente afectando la esencia de esos proyectos. Lo anterior implica que muchas instituciones sean inviables tal como existen hoy.
Esta situación preocupa en cuanto refleja un voluntarismo de la autoridad y un profundo desconocimiento de la realidad, toda vez que se trata de instituciones que realizan un gran aporte y cuentan con la preferencia de sus estudiantes. Se trata, además, de una intervención que atenta contra principios relevantes del sistema como la libertad de enseñanza y la diversidad, que no pueden ser afectados sino, por el contrario, han de ser fortalecidos por el diseño de políticas públicas.
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